En un comunicado de prensa difundido el viernes pasado, los miembros de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), informaron de que el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, «se ha comprometido a mantener una línea de diálogo y colaboración con los diferentes agentes implicados del sector renovable español para analizar en detalle las infracciones del derecho europeo en las que haya podido incurrir el Gobierno español a la hora de regular en materia de renovables. Las eventuales infracciones se refieren al incumplimiento de las directivas europeas de renovables, eficiencia energética y cambio climático o algunos principios jurídicos de la Unión Europea».
Según la nota, el portavoz comunitario hizo el ofrecimiento a una delegación del sector eólico europeo y español con la que tuvo una reunión el jueves por la tarde en Bruselas. Dicha delegación estuvo encabezada por el director ejecutivo de la patronal europea eólica (EWEA), Thomas Becker, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables-Appa, Jaume Margarit, y el presidente de la AEE, José López-Tafall, quienes transmitieron a Oettinger su preocupación por el impacto de las severas medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno español sobre las energías renovables, en general, y la eólica, en particular. Por su parte, el responsable de Energía de la CE se sumó a la preocupación trasladada por los empresarios españoles y destacó que «el Gobierno español tiene que preservar principios fundamentales como la no retroactividad, la seguridad regulatoria y de inversiones, a la vez que mantener un diálogo permanente con los diferentes agentes implicados del sector».
Por su parte, desde Appa creen «firmemente que las medidas adoptadas por el Gobierno español pueden crear un serio precedente y que, por tanto, la Comisión Europea debe tener toda la información relevante en torno a esta cuestión para valorar la posibilidad de actuar al respecto». A su juicio, la situación puede dar lugar a un «”efecto dominó”: si se permite que en el segundo país más importante de la UE en términos de desarrollo de energía eólica continúe destruyéndose el valor de las inversiones realizadas, otros países puede que se sientan tentados a seguir estas mismas prácticas». Por ello, insisten en que, si bien es comprensible que en tiempos de austeridad los Estados miembros necesitan adoptar medidas para reducir costes, «estas no deben debilitar la confianza del inversor en el sector renovable en general y en el eólico en particular, ni asfixiar una industria clave para el crecimiento económico, la seguridad del suministro, la creación de empleo y la reducción de gases de efecto invernadero».
El comunicado publicado en la página web de la patronal renovable subraya que «el sector eólico español ha sido un ejemplo de integración y competitividad, con un mercado que ha contado con inversiones de compañías productoras y de servicios de toda Europa. Tanto compañías españolas como europeas han hecho grandes inversiones en fábricas e instalaciones eólicas en España, que ahora se ven seriamente comprometidas por los cambios regulatorios».
«En este sentido, las medidas aprobadas en el Real Decreto Ley 2/2013 constituyen un serio golpe a los esfuerzos españoles y europeos para promover la energía eólica y van en contra de los objetivos del paquete de energía y cambio climático de la UE, la Directiva sobre Energías Renovables (2009/28/CE) y las recientes Recomendaciones realizadas por la Comisión Europea», explica el texto.
Ante este escenario, Appa quiere destacar «que las medidas adoptadas han sido justificadas por el Gobierno español como un instrumento para atajar el actual déficit de tarifa eléctrico en España, un problema que ha sido creado por las decisiones tomadas por el Ejecutivo a lo largo de los últimos años y que el actual Gobierno pretende resolver en pocos meses sin dialogar con los diferentes agentes interesados».
En cualquier caso, la sociedad que preside José Miguel Villarig «quiere subrayar su disposición a participar en un diálogo con todos los agentes implicados para tratar de encontrar la mejor manera de abordar la reforma del sector energético español y dar con una solución estructural al déficit de tarifa eléctrico».