Aún quedan pendientes de pago a los promotores de las tres centrales nucleares cuya construcción quedó suspendida con motivo de la aprobación de la moratoria nuclear de 1984 algo más de 370 millones de euros. De esta cantidad, la anualidad correspondiente al ejercicio 2012 asciende a 53,52 millones de euros, que serán cargados a la tarifa eléctrica y que, tras su pago, situarán el importe pendiente de compensación en 317.177.898,05 euros.
Tal y como recoge la Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, la cantidad que se destinará en 2012 para indemnizar a los promotores de las instalaciones atómicas de Lemóniz (Vizcaya), Valdecaballeros (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara) es un 15% inferior a los 63 millones dedicados a este mismo concepto en 2011.
En detalle, los responsables del Ministerio de Industria, Energía y Turismo han calculado que la anualidad de 2012 para la central de Lemóniz será de 27,8 millones de euros, tras lo que quedan pendientes 165,3 millones de euros para compensar definitivamente el coste de la instalación. Por su parte, la central de extremeña de Valdecaballeros tiene asignada una anualidad de 24,8 millones de euros en 2012, mientras que la de Trillo II, de 806.781 euros. Una vez descontados estos importes anuales, la cifra pendiente de compensación asciende ahora a 147 millones de euros y 4,7 millones de euros para estas centrales de Valdecaballeros y Trillo II, respectivamente.
La central de Lemóniz era propiedad Iberdrola al 100% en el momento de la moratoria, mientras que Valdecaballeros estaba participada en un 48,08% por Iberdrola y en un 51,9% por Sevillana de Electricidad. En Trillo II participaban Unión Fenosa (63,6%) y Endesa (36,3%).
Conviene recordar que las compañías recibieron la indemnización total, de 4.383 millones de euros, en un solo pago y a través de un fondo de titulización constituido en 1996 por 4.278 millones de euros y conocido como Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear.
El importe global de la moratoria se distribuye a razón de 2.273 millones de euros para Lemóniz, 2.043 millones de euros para Valdecaballeros y 66 millones de euros para Trillo II.
La compensación total debe quedar «plenamente satisfecha» a través de la tarifa eléctrica por los consumidores durante 25 años a partir del 20 de enero de 1995, esto es, hasta 2020, mediante un porcentaje inferior al 3,54%. En abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó en el 0,33% el porcentaje de la tarifa eléctrica con destino específico para la moratoria.
La ley responsable de la extinción de las autorizaciones concedidas para la construcción de las nucleares proyectadas fue la 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen), actualizada en la norma de 1997 sobre el sector eléctrico.
Ante esta situación, la propia ley contemplaba que los titulares percibirán una «compensación por las inversiones realizadas en los mismos y el coste de su financiación mediante la afectación a ese fin de un porcentaje de la facturación por venta de energía eléctrica a los usuarios».
El Ministerio que dirige José Manuel Soria es el responsable de establecer, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, el cálculo año tras año de la anualidad necesaria para satisfacer las compensaciones, después de recibir un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que recoge el importe de cada una de las partidas que deben quedar restituidas.