Fuente: El Economista
Red Eléctrica de España abrió hace dos meses el plazo de participación en la subasta de interrumpibilidad para la temporada eléctrica de 2017. De acuerdo con la orden por la que se aprueba el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, los consumidores interesados tenían de plazo hasta el 31 de agosto para realizar su solicitud de habilitación y poder participar.
Lo que aún se desconoce son las fechas en las que se llevará a cabo dicha subasta, un «pequeño detalle» que para las grandes empresas consumidoras de energía es vital a la hora de planificar sus actividades y poder competir con otros socios europeos.
En un principio, la subasta se iba a celebrar en septiembre; sin embargo, el Ministerio de Industria ya adelantó en julio pasado que se retrasaría a finales de año, «aunque no creo que se apure hasta diciembre», afirma Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege). «Probablemente sea en noviembre, aunque todo puede cambiar en tanto que el Ministerio publique una Resolución con las condiciones de la puja», explica Soto.
De momento lo que se ha producido es la entrada en el Ministerio de Industria de la propuesta del Operador del Sistema que recoge, entre otros aspectos, la propuesta de modificación de las reglas de las subastas en vigor, que fue remitida a la CNMC a mediados de julio y, a finales del citado mes, la Comisión emitió el informe correspondiente. Como las reglas publicadas en el BOE, en agosto pasado, son muy similares a las publicadas en julio del año pasado, «no esperamos que se produzcan cambios sustanciales en la nueva convocatoria», señala el representante de Aege.
La incertidumbre que se plantea este año no es otra que la ausencia de Gobierno. Después de dos elecciones fallidas -al cierre de esta edición todo apunta a que nos iremos a unas terceras-, seguimos con un Gobierno en funciones y la sombra de que esta situación pueda poner en peligro la celebración de la subasta ha llegado a planear en algún momento, aunque el hecho de que aún no tengamos Gobierno no tiene por qué entrañar riesgo alguno para la celebración de la subasta, señalan desde el sector.
Más años de vigencia
Una de las cuestiones que muchas de estas grandes empresas han reclamado en varias ocasiones es que la nueva subasta tuviera una vigencia superior al año, lo que les da mayor visibilidad sobre los ingresos por este concepto. Sin embargo, esta petición, al menos de momento, no parece que vaya a secundarse.
Según Fernando Soto, «hay empresas que de cara a tener una previsión en los próximos dos/tres años de sus ingresos por la retribución de este servicio y planificar sus actividades, consideran conveniente tener subastas a largo plazo. Nosotros siempre perseguimos que el servicio sea predecible». De todas formas, apuntan fuentes del sector, «hoy por hoy difícilmente sería viable cambiar algo en la normativa. Quizá cuando tengamos un Gobierno definido sea más sencillo».
La Federación de Industria del sindicato USO (FI-USO) también ha querido pronunciarse al respecto tras el anuncio de Red Eléctrica del inicio de la subasta de interrumpibilidad de 2017.
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las industrias electrointensivas, consolidar y dar estabilidad al empleo que generan y evitar la deslocalización de inversiones y/o producciones de la industria española, la Federación ha pedido al Gobierno «ampliar los periodos de la subasta hasta cuatro años con posibilidad de una prórroga máxima de dos años, así como ampliar la oferta de interrumpibilidad con bloques de un megavatio».
La Federación, que también ha defendido la necesidad de abaratar el coste de la tarifa energética para este tipo de empresas hasta el nivel medio del coste europeo, solicita «una política industrial competitiva en costes energéticos comparables a la media de la Uinón Europea».
La potencia interrumpible en el sistema eléctrico peninsular español se viene manteniendo constante, en torno a los 3.000 megavatios.
Recordemos que en las subastas ordinarias celebradas en noviembre de 2014 -las primeras que tuvieron lugar en la Península-, se asignaron un total de 238 bloques de 5 megavatios cada uno a un precio medio de 95.654 euros megavatio hora, mientras que en las subastas ordinarias celebradas el pasado año se asignaron 376 bloques de 5 megavatios a un precio medio de 134.054 euros megavatio hora.
En cuanto a las subastas extraordinarias celebradas en diciembre de 2014, el total de bloques asignado de 5 megavatios fue de 204 a un precio medio de 152.142 euros megavatio hora, de los cuales seis bloques fueron comprados por asignación directa. En las subastas adicionales de 2015 fueron asignados 58 bloques de 5 megavatios a un precio medio de 139.969 euros megavatio hora. De estos, quince fueron comprados por asignación directa.
A la vista de los resultados, Red Eléctrica considera que las subastas han demostrado ser la mejor herramienta del sistema eléctrico al servicio de la eficiencia, mantienen la competencia y generan un ahorro para los consumidores que, en 2015, fue de un 10% del coste del servicio.
Estabilidad y menos incertidumbre
La interrumpibilidad es un servicio de último recurso que aplica el operador del sistema a los grandes consumidores industriales para garantizar la seguridad de suministro en situaciones de emergencia a cambio de un descuento en el precio. Este servicio, matiza Fernando Soto, «se presta todos los días en cuanto que las empresas tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, consumo en horas valle, facilitar a Red Eléctrica su previsión de consumo, con un mes de antelación, para saber con qué recurso interrumpible va a contar y tener menos incertidumbre a la hora de hacer sus previsiones de consumo de la demanda. Adicionalmente, las fábricas tienen que cumplir las órdenes de interrupción, por ejemplo, cuando hay incidentes en la red, como sucedió en junio pasado durante dos horas en horas en Asturias».