El Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, representará un impacto económico de 1400 millones de euros para los seis meses que restan de este año.
Así aparece especificado en la memoria económica del RDL, compuesta por un preámbulo, nueve artículos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, diez disposiciones finales y cuatro anexos, que será debatida y previsiblemente aprobada hoy mismo en el Pleno del Congreso de los Diputados para que pueda ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor al día siguiente.
El Gobierno persigue el objetivo de terminar con el déficit tarifario (un desfase que supera los 26 000 millones de euros) de forma definitiva a partir de 2013. Así, además de la subida de la factura eléctrica del 3,2 % que tendrá lugar a partir de agosto, la nueva normativa reduce los costes del sistema con nuevas medidas como la fijación de una nueva retribución en las primas de las instalaciones del régimen especial y nuevas retribuciones para las redes de distribución y transporte.
El texto regulatorio, que fue tramitado de urgencia por la «necesidad imperiosa de adoptar de forma inmediata una serie de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera», contempla también una modificación que afecta a los beneficiarios del bono social. Antes de julio de 2014 se prevé una orden que fije un límite de renta familiar para acogerse al bono social que, según fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para una familia de cuatro miembros quedará fijado en unos 29 000 euros anuales.
Según la memoria económica, al monto de los 1400 millones de euros deben sumarse los 900 millones de euros del coste de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que asumirán los Presupuestos Generales del Estado 2014 y que suponen el 50 % del coste de la generación en estos sistemas.
Respecto al nuevo modelo de regulación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con retribución primada que modificará el modelo retributivo de las instalaciones existentes, el impacto estimado para los casi seis meses del año 2013 que restan sería de unos 750 millones de euros.
Por su parte, el efecto que se calcula que tendrán las nuevas retribuciones a la distribución y el transporte es de unos 421 millones de euros, de los que 75 millones de euros corresponderán al transporte y 346 millones a la distribución.
Otra de las novedades recogidas en la nueva norma es que se reduce de 26 000 a 10 000 euros/MW/año la cuantía correspondiente al incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo para las instalaciones de producción, aunque se amplía el plazo hasta 20 años. Esta medida supondrá unos 168,5 millones de euros para los seis meses que restan de 2013.
Respecto al nuevo reparto del bono social, la memoria económica estima que, si se tiene en cuenta que en 2013 el coste ascendió a 231 millones de euros, cada mes del presente ejercicio se ahorrarán unos 19 millones de euros con la nueva medida, es decir, 57 millones de euros por el cambio en los beneficiarios. Si bien «considera que el nuevo mecanismo podrá resultar de aplicación en el último trimestre de 2013».
Por último, el Gobierno estima que la modificación del impuesto especial del carbón, de 0,15 euros por gigajulio, tendrá un impacto económico «mínimo» de 3 millones de euros.