El ministro de Industria, Energía y Turismo (Minetur), José Manuel Soria, reveló ayer que la reforma eléctrica que prepara su equipo está dirigida a lograr que todas las partidas reguladas (transporte, distribución y primas a las renovables, entre otras) tengan una rentabilidad «razonable», similar y ligada a los costes de inversión.
Tras su intervención en el desayuno del Club Diálogos para la Democracia, el portavoz gubernamental explicó que estas remuneraciones pueden estar vinculadas a la evolución de la deuda publica más una serie de puntos básicos.
«La rentabilidad será la del Tesoro, más una serie de puntos básicos», especificó el ministro, quien evitó dar más detalles acerca de las distintas medidas que vertebrarán la reforma del sector de la energía español y que no serán «cómodas», pero sí «necesarias e imprescindibles». Este nuevo paquete reformador será presentado, previsiblemente, antes de la conclusión del presente mes y afectará a todas las actividades reguladas.
«No se está planteando una reducción (de las primas a las renovables), sino remunerar cada actividad regulada con una rentabilidad razonable (…) y que no haya diferencias entre unas actividades reguladas y otras», aclaró Soria.
A su entender, «las renovables no son el único problema, pero es cierto que introdujimos muchas en un momento en el que eran poco maduras y su coste era muy elevado».
En cuanto a la revisión de la factura eléctrica de cara al próximo mes de julio, el titular ministerial añadió que la intención del Gobierno es «no alterar los peajes», la parte regulada de la tarifa y que supone alrededor de la mitad de la factura de electricidad.
Si no se tocan estos peajes, la evolución de la tarifa dependerá del precio de la energía que resulte de la próxima convocatoria Cesur, que se celebrará el 25 de junio y que representa la otra mitad de la factura eléctrica.
En su intervención ante el auditorio congregado en la charla especializada, Soria también apuntó que su departamento busca fórmulas eficaces para atajar definitivamente el déficit de tarifa estructural existente, propósito hacia el que se han encaminado todos los cambios normativos aprobados hasta ahora y que se han efectuado porque, de no haberse hecho nada, la deuda ex ante estaría creciendo en la actualidad a un ritmo de 10 000 millones anuales, aseguró.
Sobre la posibilidad de que los nuevos recortes puedan provocar la insolvencia de algunos productores de renovables, especialmente los solares, aseguró que «no es el objetivo que haya un ‘default’ ni cosas por el estilo».
Por otro lado, el ministro aludió a la fuerte dependencia energética de España y se mostró partidario de explorar los recursos no convencionales de ‘shale gas’ en condiciones de seguridad, ya que existen indicios de que el país podría tener «reservas suficientes para tener cierta tranquilidad en los próximos años».
Durante su intervención, indicó que el Gobierno, como parte del debate europeo sobre la cuestión, «sería contrario» a inducir un «incremento artificial» de los precios del CO2, ya que «dificultará más el objetivo de reindustrialización».
Appa reclama rentabilidad razonable también para la nuclear y el gas
Por su parte, los responsables de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa) reclaman al ministro que mire «más allá» de los costes regulados del sistema eléctrico y revise también la rentabilidad razonable de tecnologías como la nuclear o el gas.
«Rentabilidad razonable, pero para todos» y «adecuada a cada negocio», afirmó el presidente de la patronal, José Miguel Villarig, poco después de que conociera la intención del Minetur de igualar la rentabilidad de las actividades con ingresos regulados, entre las que figuran las renovables, el transporte y la distribución.
La propuesta adelantada por el portavoz del Gobierno no solo afecta a los costes regulados, sino también a las tecnologías que van a mercado, a las que no se puede «ignorar» en el ajuste, señaló Villarig, antes de indicar que la nuclear y la hidráulica, con inversiones amortizadas, tienen rentabilidades muy superiores a lo razonable, mientras que los ciclos combinados de gas han disfrutado de «subvenciones en la inversión de un 40 % mediante pagos por capacidad», por lo que también deben ser revisados.
El presidente de Appa también incidió en su defensa de que las renovables son productoras de electricidad y que, por este motivo, deberían formar parte del coste de la energía y no de los costes regulados, conceptos en los que se genera el déficit de tarifa. «Nos fijamos solo en los costes regulados, pero es que ni siquiera las renovables deberían estar allí», sostuvo.
Dentro del capítulo de los costes regulados que quiere revisar Soria, Villarig aseguró que existen «indicios más que suficientes» de que «la rentabilidad del transporte y la distribución es igual o superior a la de las renovables».
Las tecnologías “limpias”, sostiene el responsable de la asociación sectorial, suelen tener rentabilidades de entre el 7 % y el 8 %, en función de los proyectos, y se han instalado conforme a un programa de amortización estable, ya que prácticamente todo su coste consiste en la inversión inicial, por lo que no se encuentran al albur de costes variables como el de los precios del combustible.
Mientras, el retorno de capital para líneas como las de transporte de REE puede estar entre el 8,5 % y el 9 %, y la partida destinada a estas redes en la tarifa eléctrica ha subido en los últimos años en valor absoluto pese a la menor demanda. En la distribución, Appa aprecia una «opacidad absoluta».
Por otro lado, Villarig rechazó la idea de que las renovables tengan que asumir parte del coste de la labor de respaldo que realizan los ciclos combinados de gas. «La programación de renovables es más predecible que el comportamiento de la demanda. El que necesita el respaldo es el sistema eléctrico, no las renovables», señaló. Además, recordó que las directivas europeas garantizan el derecho de prioridad de despacho de las renovables en el sistema eléctrico y rechazó la idea de que por cada megavatio “verde” se necesite uno de gas. La Agencia Internacional de la Energía, recordó el presidente de Appa, dice que la ecuación es de uno a cinco, con lo que sobran una parte importante de los 27 000 MW de ciclos combinados.
Junto a esto, explicó que, en sus encuentros con Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, ha insistido en demostrar que las renovables no son culpables del déficit. Hasta 2008, se generaron 15 000 millones de deuda eléctrica, cuando las primas apenas tenían peso. Además, señaló que entre 2005 y 2011 la participación de las renovables en el mercado ha procurado abaratamientos del precio de la electricidad por más de 7000 millones. Solo en el primer trimestre de este año, la alta eolicidad ha recortado en 22 MWh el precio del ‘pool’.
Por su parte, el director general de la asociación, Jaume Margarit, indicó durante su intervención en las jornadas organizadas por el Club Diálogos para la Democracia que «las actividades tienen riesgos distintos» y que «resulta ilógico que el transporte o la distribución tengan la misma rentabilidad que las renovables».
Estas actividades apenas tienen riesgo empresarial al funcionar a modo de «monopolios», ya sean legales, como es el caso de REE, o fruto del sentido común, que nunca recomendaría tender dos líneas paralelas entre empresas competidoras para conectar los mismos puntos, aseguró.