Expansión escribe en su sección «La Llave»:
EDP es uno de los grandes grupos extranjeros que más involucrado ha estado con el desarrollo del sector energético en España. La compañía, con 15.000 millones de euros de ventas y una capitalización superior a los 8.000 millones, es dueña de HC (antigua Hidrocantábrico), que en la actualidad es la cuarta mayor eléctrica en España. También controla EDP Renováveis, que ocupa la tercera posición del ránking español de energía eólica.
EDP, a diferencia de otros grupos europeos que han ido replegando velas (como el francés EDF), apostó por España con vocación de permanencia y cientos de millones de inversión. Como demostración de su compromiso, instaló la sede social de su filial de renovables en España, un país en el que ahora el grupo se siente maltratado. Así, parece lógico que mire con lupa cualquier resquicio legal para luchar contra una regulación normativa del sector que considera muy perjudicial para sus intereses. Sobre todo ahora, que EDP ya no es una empresa pública sometida al viejo cliché de monopolio estatal que todo lo aguanta.
El Gobierno luso emprendió la privatización total de la empresa hace más de un año, con la venta de un paquete de más del 20% al gigante chino Three Gorges Corporation. EDP es una compañía que, ahora más que nunca, tiene que responder ante los mercados. Un arbitraje internacional no es agradable para nadie, pero el hecho de que un grupo de la talla de EDP se plantee una medida de esta envergadura debería dar pie al Gobierno para reflexionar sobre si los pasos seguidos hasta ahora en la reforma energética van por el buen camino.