La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha analizado la propuesta de orden ministerial remitida desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que revisa el sistema de actualización de los precios máximos del gas licuado del petróleo (GLP) envasado —las bombonas de butano y propano—, que han permanecido congelados desde enero de este año. De dicho análisis se deduce que el texto «trata de amortiguar las oscilaciones del precio máximo de la bombona, pues considera que este combustible tiene un carácter marcadamente social y requiere una mayor estabilidad en los precios».
Asimismo, los técnicos del regulador advierten que el nuevo sistema de precios máximos del GLP envasado mejora la regulación vigente aunque recomiendan que se elimine el techo de los precios que se derivan de la fórmula, de tal manera que el precio regulado que se aplique refleje los costes y «evite que pueda crearse una insuficiencia de ingresos ante un posible escenario de aumento de precios de las cotizaciones internacionales del producto, lo que podría derivar en un déficit en este sector».
Adicionalmente, subrayan que entre las novedades más importantes recogidas en la propuesta remitida por el equipo que dirige José Manuel Soria está que el precio de la bombona «se fijará cada dos meses, en lugar de cada tres, pero con límites al incremento del 5% y hasta un precio máximo de 1,1420 €/kg, es decir, 14 € por bombona antes de impuestos. Cuando lo precios excedan estos límites, las diferencias se recogerán en un término de desajustes para el siguiente periodo». De este modo, se impedirá que el precio suba por encima del 7,3% respecto al valor actual, aunque lo hagan los costes.
Según determinan los expertos del regulador, los desajustes al alza que se produzcan se pueden «descontrolar», ya que la nueva fórmula de precios permite diferir estos a futuro. Así, inciden en que el tope en el precio máximo que se propone puede introducir «un término de déficit en este sector».
Además, también hacen hincapié en que la propuesta revisa el sistema de actualización de costes de comercialización y plantea un incremento del reconocimiento de dichos costes que irá trasladándose a los precios finales progresivamente para evitar una variación del precio muy abrupta.
Las simulaciones realizadas por la entidad que preside Alberto Lafuente con datos históricos de cotizaciones internacionales desde 1998 y costes de comercialización concluyen que el tope propuesto en la orden para el próximo año «se alcanzaría repetidamente en los últimos bimestres», generando «un aumento explosivo de los desajustes». Y precisamente por ello, desde la CNE se propone eliminar dicho tope, ya que impediría a las empresas recuperar los costes y acarrearía varios «efectos indeseables», entre ellos, desalentaría la entrada de nuevos operadores al no tener un margen de rentabilidad mínimo, perjudicaría la eficiencia energética al subvencionar el consumo y podría crear desabastecimiento y distorsionar la decisión de consumir distintos tipos de energía. En definitiva, el regulador reclama la liberalización para las bombonas de butano y propano, segmento donde la entrada de nuevos operadores ha sido un fracaso.
Otro de los hechos destacados por los analistas de la CNE es que la propuesta de orden amplía el sistema de retribución de los extracostes de comercialización vigente de la Comunidad de Canarias a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto redundará en un aumento del precio de venta del 21% y del 28%, respectivamente, en dichas ciudades. «Bajo este nuevo sistema, las ayudas al consumo para cubrir los sobrecostes de comercialización del GLP envasado en esos territorios por su condición de extrapeninsularidad podrán ser recaudadas con un recargo sobre los precios finales hasta el máximo de la diferencia impositiva aplicada en estos territorios y la de Península y Baleares».
La AOGLP, partidaria de garantizar la suficiencia de costes
Por su parte, las empresas que integran la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) se han pronunciado en términos similares a los expuestos por la CNE en las alegaciones presentadas ante el regulador sobre la orden ministerial de Industria.
Desde la patronal defienden la necesaria «liberalización total» de la bombona de butano y expresan su «preocupación» ante la posibilidad de que la nueva fórmula diseñada por el Ministerio de Industria genere un «problema» de déficit en el sector. De hecho, estiman que dado que el nuevo mecanismo de revisión bimestral impide que puedan producirse alzas en el precio superiores al 5% y contempla un tope de 17,5 euros por bombona hasta marzo de 2014, como los incrementos por encima de este umbral no serán repercutidos al consumidor, es probable que se produzca un desajuste.
En cualquier caso, la asociación expresa su «conformidad con la propuesta» en términos generales, ya que «mejora ostensiblemente la situación actual del sector», en la que las empresas se ven abocadas a vender a pérdida debido a unos precios regulados incapaces de cubrir los costes.
No obstante, la AOGLP muestra su «preocupación frente a una hipotética situación de precios de la materia prima disparados», lo que, aunque no sea de prever en 2013, podría generar un «problema» como consecuencia del techo de 17,5 euros para la bombona.
Por eso, reclama que en el párrafo en el que se contempla la posibilidad de que Industria eleve este precio máximo se añada que esta decisión deberá adoptarse «garantizando siempre la suficiencia de costes para el sector».
Otro de los puntos controvertidos destacado por los integrantes de la asociación es el nuevo término de costes de comercialización, que a juicio de la AOGLP debería incrementarse en un 15%, frente al cerca del 9% contemplado en la propuesta de Industria.
Por último, los operadores de GLP solicitan también que la revisión contemplada conforme al IPC a precios constantes recogida en la fórmula de costes se sustituya por una revisión conforme al IPC general.