Fuente: Cinco Días
Como consecuencia de la ola de frío que se sufrió a mediados de febrero, vivimos una cierta polémica en relación a los precios del mercado eléctrico y su afectación a las tarifas eléctricas de los diferentes consumidores.
Para entender esta afectación convendría recordar que el coste total del suministro eléctrico durante 2016 fue de aproximadamente 33.989 millones, que podríamos desglosar de la siguiente manera: el coste de la producción eléctrica 10.121 millones, el 29,8%; el coste de los peajes de acceso, es decir, el coste del transporte, la distribución y la comercialización eléctrica, 6.834 millones, el 20,1%; los cargos del sistema eléctrico, aquellos costes relacionados con decisiones de políticas de estado ambientales, territoriales o sociales 10.949 millones, el 28,7%; y las cargas impositivas o impuestos 7.265 millones, el 21,4%.
Como se puede comprobar, los costes directamente relacionados con el suministro eléctrico son aproximadamente el 49,9% (costes de producción más costes de peajes de acceso) frente a los costes no directamente relacionados, que son el 50,1%. Lo que significa que estos últimos hacen duplicar las tarifas eléctricas. Por ello, cuando se discutía al respecto del impacto que tendrían aquellos precios del mercado eléctrico en el coste total de las tarifas eléctricas vemos que solo impacta durante un breve periodo sobre el coste de producción, el cual representaba en 2016 solo el 29,8% del coste total, como se señalaba, y por tanto, su incremento total será pequeño.
Ahora bien, por pequeño que pueda ser el impacto, el hecho de tener en España unas tarifas eléctricas elevadas, como lo indica la comparativa de precios eléctricos entre los diferentes países de la Unión Europea publicada por Eurostat, se debe básicamente a todos aquellos costes no directamente relacionados con el suministro eléctrico que se incluyen en las mismas, lo cual ayuda a acrecentar la polémica.
Tanto el estudio de precios y costes de la Comisión Europea, incluido en el Paquete de Invierno, que considera como uno de sus principales objetivos al consumidor como actor activo y central en los mercados energéticos del futuro y que derivará en nuevas directivas, como el reciente estudio publicado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el que desarrolla un estudio detallado sobre el futuro del Sector eléctrico (MITei Utility of the Future), señalan la necesidad de revisar las tarifas eléctricas para evitar que los peajes y cargos de electricidad incluyan costes de política energética y otros costes de naturaleza similar. Pero ahondando más en ello, también el Informe de Supervisión de Mercados 2015 de ACER-CEER (Reguladores de Energía Europeos) recomienda la limpieza de las tarifas eléctricas, de forma que se financien por otras vías los costes ajenos al suministro.
¿Quá soluciones se pueden explorar para minorar el precio de la factura eléctrica? En mi opinión y en principio, tres vías podrían ser factibles: una es la externalización de determinadas partidas de costes regulados, actualmente incluidas en las tarifas eléctricas. Es decir, extraer de las tarifas aquellos cargos regulados que retribuyen conceptos ajenos a la electricidad y al propio suministro, y que en realidad son políticas de estado medioambientales, sociales y políticas territoriales cuya financiación no debería recaer, o al menos, de manera exclusiva, en los consumidores eléctricos, y que se han ido incluyendo en las tarifas como cajón de sastre. Al ser políticas de estado, esta externalización debiera recaer sobre los Presupuestos Generales del Estado, si bien vista la situación actual de estos, es de enorme dificultad.
La otra vía a explorar, que creo más viable, sería una reforma profunda de la fiscalidad ambiental de los sectores energéticos con objetivos que ayuden a disminuir los costes de la electricidad promoviendo la electrificación y mitigando la pobreza energética, a reducir las distorsiones de la actual fiscalidad energética, a mejorar la competitividad de la industria, a no crear conflictos con los colectivos sensibles como son la industria, el transporte y la agricultura, a no resultar en una pérdida de ingresos de las comunidades autónomas –el impuesto de electricidad del 5,11% va destinado a su financiación–, a no incrementar la presión fiscal y parafiscal de los ciudadanos, y, finalmente, a resolver la financiación de las energías renovables. En relación a esto último, es de señalar que la política energética y ambiental europea reconoce mediante la Directiva 2009/28/CE la necesidad de fomentar el uso de energía procedente de fuentes renovables, y fija entre sus objetivos generales conseguir una cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en cada Estado miembro para el año 2020. Dado que el sector de hidrocarburos líquidos y gaseosos prácticamente no contribuye a las citadas obligaciones del 20% de sus sectores, resulta que el sector eléctrico es el principal contribuyente con algo más del 36,94% en 2015 sobre la demanda de electricidad, lo cual facilita el cumplimiento del objetivo global del 20% de energía renovables en el consumo final bruto de energía en 2020, suponiendo en 2015 el 16,15%.
Ahora bien, dado que la contribución por dichos otros sectores es limitada, cabría, por ejemplo, repartir el coste de las renovables (6.403 millones) sobre el resto de sectores, pues el cumplimiento de los objetivos responde a una política energética global de Estado, ligada a las emisiones de CO2 provocadas por todo el consumo energético (no solo el eléctrico. Por tanto, la financiación no debiera recaer en exclusiva sobre los consumidores eléctricos, pues la asumen de manera injusta por encima de su obligación real. No debemos olvidar que, según lo publicado por el Parlamento Europeo en el informe Greenhouse gas and air pollutant emissions from EU transport, hay que destacar que el sector del transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y se estima que esta cuota seguirá en aumento, siendo el transporte el único sector que desde 1990 ha aumentado sus emisiones.
Y la tercera vía, una combinación de ambas, la más factible, compaginar algún traslado de costes a los PGE, como por ejemplo la extrapeninsularidad que ya se paga en un 50% por la vía de los PGE, con la necesaria reforma de la fiscalidad energética.
Creo que es el momento de iniciar el debate y dar solución a la problemática de las tarifas eléctricas.