Las seis instalaciones construidas en Asturias antes de 2005 dejarán de recibir primas con la nueva normativa y el resto verán reducidos sus pagos en un 50%.
Los nuevos parámetros que quiere imponer el Gobierno en la concesión de subvenciones a las renovables han puesto al sector en pie de guerra. En especial a las empresas eólicas, entre las que se encuentran Acciona, Iberdrola, EdP, Enel y Gas Natural Fenosa, todas ellas con instalaciones en el Principado.
La nueva ola de recortes a las subvenciones verdes afecta con especial intensidad a esta tecnología, sobre la que el Gobierno carga cerca del 67% del recorte al régimen especial realizado y, según advierten desde la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), de salir adelante, podría obligar a cerrar parques. En todo caso, estiman que parará «temporal o definitivamente» la producción de algunas de las instalaciones asturianas.
En la actualidad, la región cuenta con un total de 19 parques que suman una potencia global de 518,45 MW y la nueva normativa les afecta a todas. Las seis anteriores a 2005, 144,35 MW que representan el 27,84% del total de la potencia instalada, se quedarán sin subvenciones a contar desde el pasado 14 de julio de 2013 si la normativa entra finalmente en vigor. Es decir, que percibirán únicamente el precio del mercado de producción dando al traste con la regulación anterior en base a la cual se instalaron y que les otorgaba el derecho a percibir una tarifa fija para las instalaciones eólicas durante veinte años.
El resto de los parques verán recortada su retribución en un 50% con respecto a los pagos regulados del año pasado. Un marco que deja al sector sumido en una situación de incertidumbre y que compromete seriamente la viabilidad de las instalaciones.
Recuerdan desde la patronal eólica que a la hora de calcular la rentabilidad razonable de las diferentes instalaciones el Gobierno no ha tenido en cuenta factores tan relevantes como los costes derivados de los convenios firmados con los ayuntamientos en los que se instalan aerogeneradores, que pueden alcanzar los 7.500 euros por MW instalado. Tampoco el precio abonado por la compra de los terrenos, ni los costes financieros, que pueden disminuir hasta tres puntos la rentabilidad razonable calculada por la administración, amén de otros gastos derivados de gestiones o impuestos propios que gestiona el Principado y que, aseguran los empresarios, incrementan la inversión inicial de instalación de un parque y, por ende, disminuyen significativamente la rentabilidad razonable que el Gobierno ha fijado en un 7%.
El vasto compendio de normas con el que el Gobierno quiere reducir las subvenciones verdes como parte de la reforma eléctrica supone el mayor cambio emprendido hasta ahora en este sector que en los últimos cuatro años ha tenido que hacer frente a varios cambios normativos. Industria ya había amenazado meses atrás con recortar las subvenciones fijando una rentabilidad tope del 7,5% para las instalaciones a la hora de cobrar subvenciones. Solo faltaba por determinar sobre qué fase se realizaría el recorte.
La nueva orden ministerial terminó estableciendo más de 1.600 parámetros distintos de valoración, dando lugar a otros tantos tipos de instalaciones de renovables, y por lo tanto, de subvención. Se establecen, por ejemplo, 806 tipologías de instalaciones de cogeneración a la hora de asignar subvenciones, 576 de fotovoltaicas y 23 de eólicas. Y, aunque las primas se reducen casi de forma generalizada, algunas plantas cobrarán más de lo que cobrarían con el sistema vigente, sobre todo las termosolares. Industria trata de recortar, en conjunto, 1.750 millones al año en subvenciones a las renovables y otras instalaciones del régimen especial, que en 2013 alcanzaron un récord de unos 9.000 millones. Entre 1998 y 2013, España destinó 50.000 millones de euros a subvenciones de energías de régimen especial. Un dinero que, en todo caso, sale de la factura de la luz que pagan 27 millones de usuarios.