Esta nueva normativa (Ley 8/2015) impone limitaciones en el negocio de las gasolineras, impulsa el fracking y crea un nuevo operador único del mercado organizado del gas.
La nueva Ley de Hidrocarburos fue publicada este viernes en el BOE y entró en vigor el sábado, con novedades que van desde las nuevas limitaciones a los operadores petrolíferos en el negocio de las gasolineras hasta el impulso al fracking, pasando por la creación del nuevo mercado ibérico del gas.
Una de las iniciativas estrella de la norma, incluida durante el trámite parlamentario, es la que limita a un 30% en cada provincia el volumen de carburantes que podrá vender un solo operador, con lo que el Gobierno ahonda en unas medidas para mejorar la competencia que ya habían limitado al 30% el número de gasolineras por provincia de una misma empresa.
Esta limitación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, tiene como objetivo evitar que los operadores mayoristas reorganicen su red deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado.
Conforme a la nueva Ley, la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio del Interior a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen.
Además, para favorecer la apertura de nuevas estaciones de servicio, se obligará a las comunidades autónomas a incluir en su registro de instalaciones de distribución al por menor todos los proyectos de apertura de nuevas estaciones y su estado de tramitación, y no sólo las que ya están funcionando.
La nueva Ley de Hidrocarburos también crea el nuevo operador único del mercado organizado del gas, que será el encargado de gestionar el llamado ‘hub’ gasista, una plataforma de compraventa destinada a mejorar los intercambios y los precios de este producto.
Para facilitar la entrada de nuevos comercializadores de gas, se elimina además la exigencia de una autorización administrativa previa a las empresas que no sean de la UE y se igualan las exigencias de existencias de seguridad de los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado.
Fracking
Otra de las principales novedades es el impulso a la extracción de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo mediante la técnica de fracking, en la que el Gobierno ha creado incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta actividad.
La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra.
La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con especial intensidad en las Comunidades Autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos.
Además, las empresas propietarias de las explotaciones deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de hidrocarburos.