FUENTE: Cinco Días
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha advertido de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz.
Soria ha asegurado que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que “encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura”.
Así, Soria ha subrayado que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.
Además, el titular de Industria ha señalado que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para la instalación del ATC en Villar de Cañas es “única y exclusivamente hacer ruido”, ya que va “en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que este es un proyecto que genera actividad”.
Asimismo, ha recordado que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, “con muy buen criterio”, y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones “totalmente cerradas”.
“El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio”, ha añadido al respecto.
Soria ha destacadp que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
“Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio procederá a aprobar la autorización del ATC”, ha dicho, para añadir que este proceso podría completarse “a lo largo de los próximos meses”.
En paralelo, hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción de un cementerio nuclear (ATC) en la localidad conquense de Villar de las Cañas, pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto.
“Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma”, ha asegurado.
Según ha indicado el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque ha reconocido que, para llevar a cabo esta medida “tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración” con el fin de determinar “cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso”.
Catalá ha defendido que, aunque parece que la decisión de la Junta de “utilizar una declaración medioambiental” para paralizar el ATC “puede estar dentro su ámbito competencial” el proyecto de construcción del cementerio nuclear “tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares”.
“Si cada administración actúa dentro del ámbito de sus competencias lógicamente no hay inconvenientes –ha declarado–. Pero también, a veces, los objetivos medioambientales no pueden estar alejados del resto de objetivos de la actividad económica o los que tienen que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares. Hay que ponerlo todo en su conjunto”.