FUENTE: El Economista
La semana pasada el BOE publicó el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en cuyo Artículo 3, relativo a los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible, da preferencia a las energías renovables y al autoconsumo. El nuevo texto ordena que los poderes públicos «priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia».
La nueva redacción integra las anteriores leyes de Suelo y de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. En la última ya se otorgaba prioridad a las fuentes renovables y se establecía que se luchase contra la pobreza energética con medidas de ahorro y eficiencia, como parte de los fines comunes de las políticas públicas para alcanzar un medio urbano más sostenible. La alusión a la generación propia se fijaba en otro apartado -la disposición adicional duodécima-, como una preferencia a la hora de usar los recursos y la energía.
Combartir la pobreza energética
Las novedades, por lo tanto, estriban en que la vigente legislación considera que el autoconsumo -la generación propia- forma parte de los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible, y, además, es prioritario a la hora de combatir la pobreza energética, un fenómeno que afecta a casi el 10% de los hogares españoles, el triple que en 2009, según los cálculos de Economics for Energy.
Estos cambios resultan chocantes, porque precisamente uno de los argumentos empleados para aplicar peajes al autoconsumo es que, sin ellos, su aprovechamiento beneficiaría a los adinerados -los que pueden invertir unos 10.000 euros en un sistema de autogeneración que se amortice a largo plazo-, en detrimento de los menos pudientes, que tendrían que pagar más en el recibo de la luz, al que se le añadirían aquellos costes que los primeros evitarían al autogenerarse.
Los defensores del autoconsumo argumentan que para luchar contra la pobreza energética, éste es una herramienta válida, pero con una configuración de la tarifa eléctrica distinta o si se hace de un modo compartido -varios titulares conectados a una misma instalación-, algo que está explícitamente prohibido por el Real Decreto 900/2015, que regula el autoconsumo.
Eficiencia y distribución
Fuentes del sector indican que en el espíritu de la Ley está el fomento de la eficiencia energética y la generación distribuida, considerándolas herramientas básicas para la rehabilitación de los núcleos urbanos, porque facilitan la captación de financiación gracias a los beneficios económicos que produce el ahorro energético.
Una voz muy crítica con la política energética de los últimos gobiernos, la de Javier García Breva, defiende la norma, que considera «maravillosa». Eso sí, no deja de señalar que la ha diseñado Fomento, y que la política de Industria rema en su contra, tanto por la configuración del recibo de la luz -la parte fija pesa el 60%, lo que penaliza el ahorro-, como por las restricciones al autoconsumo: «la reforma energética es incoherente con potenciar la rehabilitación».