Las diferentes asociaciones empresariales de energías renovables arremetieron contra las medidas aprobadas con carácter de urgencia por el Gobierno a finales de la semana pasada porque condenan a sus empresas a “la insolvencia”.
Así, los integrantes de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) han calificado al Gobierno de «inmoral e insensible» con el «sufrimiento» de cerca de 55.000 productores fotovoltaicos en España por haber sacado adelante el Real Decreto Ley 2/2013. Según la patronal, además de que se ha modificado «retroactivamente» el método para el cálculo de la actualización de tarifas conforme al IPC que reciben los productores fotovoltaicos por la energía que generan, «esta medida se suma al recorte del 30% que introdujo el anterior Gobierno y al impuesto a la generación de energía aprobado el pasado mes de diciembre, que es del 7%, lo que acumula una merma total para el ejercicio de 2013 de más del 38% de sus ingresos brutos».
El nuevo paquete normativo en materia energética «precipitará la quiebra de la totalidad de las instalaciones del país que han desarrollado sus proyectos con financiación bancaria, que son más del 80%», con lo que dañará a más de 40.000 familias. Estas familias, indican desde Anpier, «no están en condiciones de hacer nuevas aportaciones de capital», por lo que «perderán los bienes con los que avalaron la financiación, que en la mayoría de los casos son sus propios hogares».
Anpier señala que una explotación tipo de 60 kilovatios (kW) reportaba unos 9.000 euros de beneficio anuales con la normativa que regulaba al sector en 2007, mientras que con la aplicación de las normas retroactivas introducidas en 2010 y la nueva tasa del 7% esta misma planta arroja unas pérdidas superiores a los 8.000 euros. A esta circunstancia se sumaría ahora la no actualización del IPC sobre la inflación real, lo que era considerado por el sector un «leve alivio», «hurtado» este viernes por el Gobierno.
La asociación explica, además, que hace apenas unos días, el 23 de enero, tuvo su último encuentro con la Administración, que se mostró «muy sensible» ante la situación de crisis que atraviesa este colectivo y tranquilizó a su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca. «Una vez más mintieron a los miles de ciudadanos que representa Anpier», afirma la asociación, para cuyo presidente «ya no se trata de reducir el déficit».
«Lo único que se pretende es echar del sector energético a los miles de pequeños inversores que molestan a cuatro de las grandes empresas que sustentan el viciado sistema eléctrico de este país. También en la energía, siempre se recorta por el lado más débil, pero los débiles ya no podemos resistir más», afirma.
Por su lado, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha asegurado en un comunicado que la modificación en el sistema de actualización de las primas supondrá que este año las ayudas se reduzcan un 0,028% en lugar de incrementarse un 2,97%, como correspondía al método actual. El sector ya había alertado de que los recortes retributivos aprobados hasta ahora -un 30% durante el 2011, 2012 y 2013, y del 10% en adelante-, añadidos al impuesto eléctrico del 7% aprobado en diciembre, iban a abocar a la suspensión de pagos a decenas de miles de instalaciones fotovoltaicas.
Por su parte, desde Protermosolar aseguran que el RDL 2/2013 «acaba de destrozar» al sector termosolar y supone una «expropiación forzosa sin pagar», según declaraciones de su secretario general, Luis Crespo. El directivo critica que su sector se encuentra «indefenso» y «sin capacidad de recurso efectivo» ante las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno, que, sumadas a los anteriores recortes a la termosolar, «vulneran todo lo vulnerable» y suponen un «atropello» para esta tecnología. «Ya han llamado los fondos internacionales. Si estaban desconcertados y enfadados con las medidas anteriores, ya no pueden dar crédito a lo que está haciendo el Gobierno», señaló Crespo.
El secretario general de la asociación también calificó de «sarcástico y lamentable» que el Ejecutivo defienda la seguridad jurídica para las inversiones españolas en Bolivia o Argentina y, al mismo tiempo, «cambie las reglas de juego» y aplique unas condiciones «retroactivas» y «discriminatorias» a la termosolar en España.
La apuesta por las plantas solares en España, recordó, responde a planes de inversión «nacionales y extranjeros de nivel muy elevado», cuyos promotores se ven ahora ante medidas que «vulneran todo lo vulnerable», incluida la Carta de la Energía de protección de inversiones internacionales.
Mientras, el secretario de la Fundación Renovables, Sergio de Otto, ha lamentado que el Gobierno «vuelve a equivocarse» al actuar «contra las energías renovables» para solucionar los problemas del sistema eléctrico. Según el responsable, las medidas contenidas en el RDL 2/2013 van a ser «tan inútiles como las adoptadas anteriormente» por este Ejecutivo y el anterior para recortar la retribución a las renovables.
Según Otto, el verdadero problema de este sistema es la conformación de precios y un conjunto de mecanismos que no son adecuados y que han ido recibiendo parches que no han hecho más que agravar los problemas». Además, criticó que «mientras Europa avanza en el desarrollo de políticas de energía limpia, ahorro y eficiencia», el Gobierno español esté «dando la espalda al futuro».