Fuente: Cinco Días
El intento del regulador de la competencia por corregir lo que considera un exceso en la retribución de las distribuidoras de gas y electricidad sigue dando que hablar.
Hasta ahora la propuesta solo había sido noticia por las críticas recibidas por parte de las compañías afectadas. Pero ayer se conoció la opinión de las industrias consumidoras de gas que, como cabía esperar, no solo es favorable, sino que incluso es más agresiva.
Un grupo de 11 patronales que representan a más del 80% de las industrias consumidoras de gas han pedido a la CNMC que los recortes en las retribuciones del sector gasista (21,8% para el transporte y 17,8% para la distribución) se apliquen desde 2021 en lugar de hacerlo de manera progresiva a lo largo de cuatro años como propone el regulador.
Según sus cálculos, eliminar este periodo transitorio supondría para los consumidores un ahorro extra de 1.500 millones “en ayudas injustificadas”.
Así lo plantean en las alegaciones presentadas de manera conjunta durante el periodo de consulta pública convocada por el regulador, que finalizó el 9 de agosto pasado, y que han hecho públicas en un comunicado. El grupo está integrado por Acogen, Anfevi, Ascer, Aspapel, Anfevi, Confevicex, Unesid, Gasindustrial, el Consejo Intertextil Español y la patronal de las petroleras, AOP, y de la industria química, Feique.
Entre la veintena de observaciones formuladas, las asociaciones piden la eliminación total del concepto de retribución por continuidad de suministro desde el 1 de enero de 2021. Sostienen que si este pago se reduce de forma gradual entre 2021 y 2024, se generará un coste innecesario para el sistema gasista de 594 millones de euros.
Las patronales piden ser igual de radicales con la retribución transitoria de distribución, suprimiéndola desde el inicio del nuevo periodo regulatorio, ya que el coste de mantenerlo ascendería a unos 879 millones entre 2021 y 2024.
Además, defienden la necesidad de eliminar del todo la sobrerretribución que es consecuencia de la aplicación de una metodología “errónea” para el cálculo de las amortizaciones y retribuciones financieras en activos de distribución, y que valoran en 586 millones. Por último, piden implementar mecanismos de control de cobertura de gastos por operación y mantenimiento.