Tal como estaba previsto, y pese a las reticencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el Ministerio de Industria aprobó el pasado 27 de diciembre la orden ministerial por la que cinco plantas de los tres mayores consumidores industriales de electricidad del país (Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc) serán compensadas con 242 millones de euros en su factura de la luz, según cálculos del regulador energético. Esta cantidad se añade a los casi 500 millones que, en concepto de servicio de interrumpibilidad, ya figuran como costes del sistema en la propuesta de peajes eléctricos para 2013, que el Gobierno aún no ha aprobado. Esta cantidad, no obstante, se reparte entre otras muchas empresas industriales, no solo ente estas tres compañías.
La nueva retribución pasa de 20 euros/MWh a 35 euros MWh para los clientes con una potencia contratada de más de 100 kW en los peajes de acceso, situación en la que se encuentran únicamente cinco plantas de las citadas compañías. La medida ha causado un profundo malestar en el resto de empresas interrumpibles que se sienten discriminadas y consideran que perderán competitividad. Al fin y al cabo, también al resto les afectan los nuevos tributos energéticos que las eléctricas les repercutirán en el precio. Los expertos opinan que Industria debía haber aplicado un sistema progresivo.
En la propuesta de orden de peajes eléctricos que Industria remitió a mediados de diciembre a la CNE, y que aún no ha sido aprobada, figura un importe de 484 millones de euros por interrumpibilidad para «los consumidores que adquieran su energía en el mercado de producción». En el dictamen sobre esa orden aprobado por el consejo del regulador energético el 20 de diciembre, este recordaba al ministerio que estaban pendiente los cambios en el servicio de gestión de la demanda que el propio departamento de Soria habría propuesto en otra orden dictaminada por la CNE en noviembre.