Fuente: Cinco Días
Pese al ruido político y regulatorio en torno a la economía verde y pese a la tentación, siempre presente en el Gobierno del PSOE, de expandir las fuentes de ingresos fiscales, la recaudación por impuestos relacionados con el medio ambiente está perdiendo peso en España y en el resto de Europa. Según un estudio hecho público ayer por el Consejo de Economistas, desde 2002 a 2017 la recaudación por tributos verdes sobre el total de ingresos tributarios ha pasado del 6,8% al 6,1% en el conjunto de la UE y del 6,1% al 5,4% en nuestro país. Un porcentaje, el de España, que supera el 4,6% de Alemania o el 5% de Francia, pero que coloca el país a unos 7.000 millones de euros de recaudación de la media comunitaria. En líneas generales, el 60% de los más de 20.000 millones de euros que la Hacienda española recauda por tributos verdes corresponde al impuesto de hidrocarburos, seguido del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El 82% de la recaudación total se debe a tributos estatales.
Desde Bruselas se ha animado a España más de una vez a emprender una reforma fiscal en este ámbito, que según datos de la CE, podría aportar un potencial recaudatorio de en torno a 13.000 millones de euros adicionales. Pese a ello, la política fiscal medioambiental sigue siendo una asignatura pendiente y compleja que hasta ahora ningún Gobierno se ha atrevido a abordar de forma integral. En contraste con la ausencia de una revisión general del marco tributario, en los últimos años ha proliferado una maraña de impuestos locales en comunidades autónomas y municipios, que aporta una recaudación insignificante, pero introduce diferencias capaces de influir en la competitividad de las empresas y de distorsionar el funcionamiento del mercado.
Los expertos en fiscalidad abogan por una reforma global, impulsada por la OCDE, que unifique el sistema tributario bajo un modelo de recaudación eficiente y competitivo. España, en cualquier caso, tiene margen para elevar la presión en los impuestos relacionados con el transporte, aunque la última propuesta del PSOE subir la tributación del diésel y la gasolina seguirá acrecentando el peso de la fiscalidad de la energía, pero apenas logrará una recaudación de 670 millones de euros. El camino hacia una economía limpia y descarbonizada implica una fiscalidad moderna y eficiente que sea acorde con ese objetivo, pero se trata de una reforma compleja que debe abordarse bajo criterios eminentemente técnicos y a ser posible en diálogo con la industria y el conjunto del tejido empresarial.