Fuente: El Economista
El precio de la electricidad vuelve a estar por las nubes y tiene preocupadas a las grandes industrias del país que afrontan la crisis del coronavirus y ahora este incremento de costes que se verá agravado el próximo mes de junio con la entrada en vigor de las nuevas tarifas que prepara el Gobierno.
Durante la primera quincena de abril, las cotizaciones en el mercado mayorista Omie han alcanzado los niveles más elevados de la historia para este mes por culpa de la fuerte subida de la cotización de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales así como del gas natural y nada apunta a que la situación vaya a mejorar en el corto plazo.
La subida de abril se suma además a la registrada en enero por la tormenta Filomena y está provocando otro fuerte incremento en el recibo de la luz que se notará en el recibo del mes para los consumidores domésticos con tarifa PVPC. Además, en lo que va de año, las cifras tampoco son positivas ya que los buenos datos registrados en febrero no han sido capaces de contener los efectos de ambas subidas y la visibilidad para los próximos meses apunta a que los incrementos continuarán, tal y como se aprecia en la evolución de las cotizaciones de los futuros de la electricidad.
Según los datos que se desprenden del simulador de precios de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, hasta el 15 de abril el precio de la electricidad para una familia con dos hijos se ha incrementado en un 13,3%, lo que supone que el recibo ha pasado de los 203 euros pagados el año pasado a los 230 euros que han tenido que desembolsar este año.
En lo que respecta a un consumidor tipo de la CNMC, el aumento es del 11,17%, lo que supone pagar 153 euros frente a los 137 euros del año pasado para el mismo periodo. Para las segundas viviendas, que este año apenas han tenido consumo por las medidas de cierre perimetral de las comunidades autónomas, el precio se ha incrementado de media desde los 51 a los 58 euros, un 13,3%.
Todos estos datos además no incluyen el incremento del consumo de energía que se produjo por Filomena, lo que elevaría todavía más estas cantidades para los consumidores domésticos.
Las razón de esta última subida hay que buscarla en los precios de los derechos de CO2, ya que en apenas cuatro meses han duplicado su precio desde los 21 euros a los que cotizaban a finales del año pasado hasta ayer que alcanzaron un nuevo récord al situarse en los 44,08 euros por tonelada.
Precios del petróleo
La situación se complica también por la evolución de los precios del petróleo que ha registrado un fuerte incremento de precios (66,89 dólares por barril) y que se traslada a las cotizaciones del gas natural, aunque los niveles estén alejados de los que se alcanzaron durante la tormenta Filomena. Según los datos de Mibgas, el precio del gas subió ayer un 1,8% hasta los 21,17 euros/MWh y los precios para el próximo mes de mayo se sitúan también por encima de los 20 euros/MWh.
Esta volatilidad de precios afecta también a las grandes industrias del país que aseguran que sus diferenciales de precios con Alemania y Francia han vuelto a empeorar y la factura de las grandes industrias frente a sus competidores europeos es entre 750 y 1.000 millones superior, restándoles competitividad y capacidad de inversión.
Por ese motivo, según explicó Teresa Rasero, presidenta de Aege, esta semana en el Congreso de los Diputados: «En 2021, con la evolución del precio del CO2 en valores superiores a 40 euros/tonelada, el doble que, en 2020, y la previsible evolución creciente de ese precio en los próximos años, es necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoja que, como mínimo, el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión se destine a esta compensación a la industria en riesgo de fuga de carbono, como autoriza la Comisión Europea».
Para la asociación que agrupa a los grandes consumidores industriales, el servicio de interrumpibilidad desapareció el 30 de junio de 2020 y el Estatuto para consumidores electrointensivos se dejó en el tintero medidas como la exención parcial de peajes de transporte eléctrico y la compensación completa de los cargos de financiación de las renovables, incluida los que pagan por impacto de la Ley 15/2012 (Ivpee, etc.), que son fundamentales para la resolución del problema o la compensación del CO2 ya comentada.