El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 5 la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el nuevo órgano que implica la fusión de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y la Comisión Nacional del Juego y el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF) en un único regulador.
Desde que el Gobierno anunciara a principios del año 2012 el proyecto de constitución de la CNMC, han sido numerosas las voces de los diversos sectores afectados que se han manifestado en contra de que se lleve finalmente a cabo. De hecho, el caso se llevó ante Bruselas, cuyos responsables lo estudiaron y se mostraron en contra de la ley tal y como estaba planificada. Es por este motivo por el que los miembros del Ejecutivo español anunciaron a mediados del pasado febrero que modificarían el proyecto con el fin de garantizar la independencia del regulador, aspecto que desde la Comisión Europea quedó cuestionado porque el texto original delegaba en el Gobierno funciones que deberían competer al nuevo órgano.
En este sentido, desde el Gobierno de Mariano Rajoy se ha trabajado para cambiar el procedimiento de tramitación de la ley en el Congreso para incorporar aquellas mejoras requeridas desde la Comisión Europea que «van dirigidas a la independencia», explicó entonces el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
En esta línea, el titular de la cartera ministerial hizo hincapié en que se garantizará que «las competencias de regulación corresponden al órgano regulador y no al Ministerio», ya que hasta ahora Economía, Industria o Fomento tenían la última palabra en sus respectivos sectores y en el proyecto de ley había un gran trasvase de competencias desde los reguladores independientes hacia los ministerios. En el caso de la CMT, iba camino de quedar como uno de los reguladores con menos competencias y funciones de toda la UE, según Bruselas.
Además, desde el Gobierno español también aclararon que la financiación del macrorregulador se realizará «no solo vía Presupuestos Generales del Estado, sino también por tasas» que abonarán las empresas, lo que también refuerza su independencia».
De las protestas ante Bruselas también se ha derivado que el nuevo organismo tendrá dos salas: «una dedicada a temas de competencia y otra a asuntos de supervisión regulatoria», indica el BOE. De esta manera, queda separado todo lo relacionado con la competencia del resto de reguladores sectoriales.
Por el momento, el Gobierno tiene cuatro meses de plazo para abordar una fusión cuya formalización necesita la redacción de un estatuto orgánico para su arranque. Fuentes del sector aseguran que el estatuto lo están redactando desde el Ministerio de Economía y Competitividad y que ya está muy adelantado.
En cualquier caso, todo apunta a que el Ejecutivo prefiere agotar el plazo mencionado para que la puesta en marcha de la CNMC con el nombramiento del nuevo Consejo de Administración no coincida con la reforma eléctrica que podría aprobarse a finales de este mes.
Tal y como expone el BOE, «el estatuto determinará la estructura interna de las direcciones y demás áreas de responsabilidad, garantizando la debida separación entre las funciones de instrucción y resolución».
Por su parte, el Consejo se compondrá «de diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros». Todos ellos serán nombrados «por el Gobierno mediante Real Decreto, pudiendo el Congreso vetar el nombramiento del candidato propuesto. Con la introducción de esta nueva exigencia de aceptación por parte del Congreso, se refuerza la legitimidad democrática de la Comisión», aclara el texto. Asimismo, matiza que el mandato de los miembros del Consejo «será de seis años sin posibilidad de reelección».