La Comisión Europea (CE) anunció ayer que ha abierto un expediente a España por no haber sometido a una evaluación de impacto medioambiental el proyecto para mejorar la red eléctrica de Barcelona y crear una línea de muy alta tensión (MAT), incumpliendo a su juicio una normativa europea.
La CE señaló en un comunicado que ha enviado a España un escrito de requerimiento, considerado como la primera fase en un procedimiento de infracción comunitario, para que las autoridades den una respuesta en un plazo de dos meses.
El Ejecutivo comunitario explicó que inició una investigación a raíz de una pregunta parlamentaria que planteaba dudas sobre el proyecto español para mejorar la línea eléctrica en el área metropolitana de Barcelona y, más en concreto, en la sección entre Sentmenat y Santa Coloma de Gramanet, en cuanto a que no contaba con una evaluación de impacto ambiental.
La CE intentó averiguar si se garantizaba la «correcta aplicación» de la legislación medioambiental europea relevante y, en particular, la directiva sobre los procedimientos de evaluación de impacto medioambiental.
«La Comisión considera que España no ha cumplido con sus obligaciones», concluyó.
Dicha directiva obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que, antes de que se les dé consentimiento, los proyectos susceptibles de tener «efectos significativos en el medioambiente» por motivos como su naturaleza, envergadura o colocación, deben contar con un estudio sobre sus consecuencias ambientales, explicó.
Bruselas consideró que este caso podría tener «efectos significativos» en el medio ambiente y en los seres humanos, dada su naturaleza y localización.
Especialmente teniendo en cuenta el hecho de que la línea eléctrica que se mejoraría gestionaría «más alto voltaje y atravesaría una de las regiones con más densidad de población en España», el área metropolitana de Barcelona.
«La Comisión considera que, antes de dar autorización al proyecto, las autoridades competentes deberían haber determinado si este proceso debería haber sido objeto de un procedimiento de impacto ambiental», subrayó.
Asimismo, apuntó que tal determinación «debería haber sido puesta a disposición del público».
Expediente por aplicar mal la directiva de minas en Bages
La Comisión Europea (CE) también anunció ayer la apertura de un expediente a las autoridades españolas por lo que considera una «mala aplicación» de la directiva de residuos de minas en la comarca del Bages (Barcelona), donde considera que las extracciones de potasa pueden afectar al agua.
El portavoz comunitario de Medioambiente, Joe Hennon, aseguró en una rueda de prensa que la Comisión ha decidido abrir un procedimiento de infracción al Gobierno español al considerar que «está aplicando mal» dicha directiva.
Según indicó, el Ejecutivo comunitario ha remitido a España una carta de requerimiento -la primera fase de un procedimiento de infracción- en la que le da de plazo dos meses para responder a sus inquietudes sobre la implementación de la normativa comunitaria.
Hennon explicó que las sales que se depositan en el suelo con la actividad minera en la zona pueden tener un «efecto potencial» en las aguas subterráneas y circundantes.
El portavoz también confirmó que la Comisión ha intercambiado varias cartas con las autoridades españolas para recabar datos sobre el caso, y que inició la investigación a raíz de una queja remitida por un ciudadano.
Por su parte, fuentes de Iberpotash, la empresa que explota las minas del Bages, han evitado valorar las consideraciones de la CE pero han asegurado a Efe que la compañía, propiedad de la multinacional ICL, no escatimará esfuerzos en la protección del medio ambiente.
Aunque décadas de actividad minera en la zona han generado escombreras de gran tamaño como la montaña de sal del Cogulló, generadas porque la sal es el residuo que genera la extracción de potasa, ahora Iberpotash se propone colocar toda esa sal en el mercado, y de ahí el acuerdo que firmó ayer con Azko Nobel para comercializar la sal de alta calidad.
Los proyectos de Iberpotash para el Bages, integrados en el plan Phoenix, son una de las principales inversiones industriales llevadas a cabo actualmente en España, pero las actuaciones de la compañía han generado diversos fallos judiciales en su contra, por su repercusión medioambiental.