FUENTE: Cinco Días
La Sala de Regulación de la CNMC ha acordado imponer a Iberdrola Generación una sanción de 25 millones de euros por una infracción muy grave contra la Ley Eléctrica por “una manipulación fraudulenta” de los precios del mercado mayorista de la electricidad entre los días 23 de noviembre y 23 de diciembre de 2013.
Concretamente, por el fuerte incremento de los precios ofertados por las centrales hidráulicas de las cuencas del Duero, Sil y Tajo, hasta el punto de reducir considerablemente la producción (especialmente, a partir del 6 de diciembre) pese a los elevados precios del mercado y la fuerte demanda. En otras palabras, según la CNMC, Iberdrola “decide retirar capacidad de producción para provocar un incremento adicional del precio”. El volumen despachado pasó de los 51 GWh el 29 de noviembre hasta cantidades inferiores a 20 GWh.
Los hechos acaecidos hace justo dos años pusieron en jaque el sistema de fijación del precio de la electricidad para los pequeños consumidores (antigua tarifa de último recurso o TUR) a través de las subastas Cesur, que fijaba dicho precio para el trimestre siguiente.
Los altos precios del mercado en aquellos días tuvieron un efecto sobre el resultado de la subasta celebrada el día 19 de diciembre (una subida de la TUR superior al 10% para el primer trimestre de 2014), que el Gobierno se negó a aceptar acusando a las eléctricas de manipulación de precios y de la propia subasta. El Ejecutivo la anuló y decidió sustituirla por el actual mecanismo de precios por horas, el llamado PVPC que se aplica a los domésticos, que entró en vigor en abril del año pasado.
La conducta de Iberdrola, indica el regulador en su expediente, provocó un incremento del precio del mercado diario de unos siete euros/MWh. Esto se tradujo en un beneficio propio que la CNMCde 21,5 millones de euros y un impacto en el conjunto de la demanda de 105 millones de euros.
Iberdrola, que anunció que recurrirá la sanción ante la Audiencia Nacional, negó “rotundamente” cualquier manipulación de los precios y asegura haber actuado “de forma transparente” y “como un gestor prudente y razonable de las centrales investigadas”, lo que “ha probado con informes de expertos cualificados e independientes”.
La eléctrica niega haber obtenido ningún tipo de beneficio con la supuesta actuación, “ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado”, lo que no tuvo capacidad de incrementar el precio del mercado, “al carecer de posición de dominio”.
Aquel negro diciembre de la electricidad
Todo empezó en noviembre de 2013 cuando Hacienda anuló la ley que el Parlamento tramitó durante 10 meses que incluía un crédito extraordinario de 2.200 millones con el que se lograría poner fin al déficit del sistema eléctrico, que financiaban las cinco grandes eléctricas. Una disposición adicional de la Ley Eléctrica acabó con la promesa: 2013 cerraría con otro déficit de tarifa de 3.600 millones.
Coincidencia u ola de frío, lo cierto es que entre la segunda semana de noviembre y la primera de diciembre, los precios del mercado se dispararon. El titular de Industria, José Manuel Soria, lo achacó a una venganza del sector y pidió a la CNMC una investigación, que inició el día 10. Pero el escándalo siguió con la subasta eléctrica que fijaría la TUR del primer trimestre de 2014, de cuyo resultado se derivó un incremento de la luz de casi el 11%.
Pero las protagonistas de la subasta, que el Gobierno anuló y con ella todo el mecanismo, no fueron las eléctricas sino entidades financieras. Se abrieron dos nuevas investigaciones: una por parte de la CNMV sobre la posible manipulación de los mercados financieros (OTC), que se archivó, y otra sobre el desarrollo de la propia subasta, que también cerró la CNMC.
Solo sobrevivió la de Iberdrola (otras eléctricas investigadas también se libraron). Soria reclamó al regulador que siguiera adelante, “sus acusaciones no podían caer en saco roto”, según fuentes del sector.