Fuente: Cinco Días
Tras intensos y prolongados debates, el pleno del consejo de administración de la CNMC acordó ayer volver a la casilla de salida y tramitar una nueva propuesta de circular de retribución de las redes de gas que regirá durante cinco años a partir de enero de 2021. De las 14 circulares normativas sobre energía que el organismo ha lanzado este año y deben aprobarse antes del próximo 31 de diciembre, tal como establece el RDL de enero que otorgó potestad legal al organismo, la más conflictiva ha sido la relativa a las redes de distribución de gas natural.
Tanto es así, que la situación ha encallado y es necesaria una segunda vuelta, según fuentes del sector. La propuesta implica otro trámite de audiencia, ya que el nuevo texto incluye un cambio sustancial en la metodología de retribución propuesta inicialmente y que es más parecida a la que actualmente está en vigor. La decisión, que cuenta con el apoyo de una mayoría de consejeros, deberá ser refrendada en el pleno la semana que viene.
El proyecto de circular de julio, que afecta principalmente a Naturgy, Madrileña Red de Gas, Redexis y Nortegás, mantenía el modelo de retribución por actividad aprobado en la llamada reforma del sector del gas de 2014 para las infraestructuras puestas en marcha desde ese año y en el futuro. La retribución por actividad se fija sobre la base de activos en un año determinado y se va incrementando en función de la demanda (el número de clientes que capta cada año la empresa y los puntos de suministro que instala).
El conflicto surgió cuando los técnicos del organismo propusieron calcular la nueva base de retribución teniendo en cuenta los activos que, estando amortizados, han seguido recibiendo una retribución por la inversión, lo que ha derivado en una sobrerretribución para las empresas. Una orden ministerial de 2002 hizo tabla rasa y estableció un base de cálculo para los activos anteriores a 2000 y declaraba su amortización en 2020.
La primera circular de la CNMC calculaba la nueva base de retribución a partir de 2021 teniendo en cuenta la amortización de los activos antiguos. Concretamente, el valor neto contable que figura en los libros de las empresas. De esta manera, salió a la luz una sobrerretribución de las distribuidoras que trasladada a la nueva fórmula resultaba un recorte del 18% promedio anual entre 2021 y 2026.
Un hachazo insostenible, según las empresas, que encontraron el apoyo en el informe preceptivo del Ministerio para la Transición Ecológica, pero que ha venido defendiendo, entre otros, el presidente del organismo, José María Marín. El temor a una litigiosidad (por un ajuste desmedido con una cierta retroactividad); al fantasma de nuevos arbitrajes, como los que España sufre por el recorte a las renovables de 2013 y las consecuentes acusaciones de inseguridad jurídica, una parte del consejo optó por una amortiguación de la propuesta. Concretamente, se rebajó el recorte de julio del 18% al 10%, un porcentaje más adecuado ante posibles demandas.
La discusión se centró entonces en si la metodología basada en el modelo de activos encajaba con un recorte del 10%, lo que suponía meter la fórmula (de la que resultaba el primer tajo del 18%) en un calzador. Concretamente, se estudió aplicar un incentivo a la ampliación de la vida útil mejorando el pago por el mantenimiento de activos ya amortizados. Un incentivo que se hubiese traducido en pagar más a las redes eléctricas por la misma razón.
La conclusión final es que el descenso del 18% al 10% en el recorte a las infraestructuras de distribución de gas manteniendo el modelo de retribución por activos no resultaba posible y podría terminar en los tribunales. Llegado a ese callejón, la solución ha sido proponer una metodología continuista, similar a la de la reforma de 2014.
Al tratarse de un cambio sustancial respecto a la fórmula de la circular original, sobre la que las afectadas presentaron sus correspondientes alegaciones el pasado verano, los servicios jurídicos han recomendado un nuevo trámite de audiencia.
¿Posible prórroga?
Un problema derivado de tan largo trámite, es que la CNMC no podrá cumplir con el plazo que fija su propia ley para la aprobación de la circular: el próximo 31 de diciembre. Un plazo que choca con el del nuevo periodo regulatorio del sector que termina el 31 de diciembre de 2020. Según la ley de reforma del gas de 2014, si no se revisan los parámetros de retribución de las redes de gas antes de esa fecha, se entenderá prorrogada la actual retribución.
Hay quien interpreta que la prórroga se producirá si no se aprueba la circular de la CNMC antes de fin de este año, pero parece tener más peso la interpretación lógica de que el que rige en este caso es el plazo de la ley del sector, indican distintas fuentes.
La circular de peajes eléctricos, al Consejo de Estado
La CNMC ha remitido al Consejo de Estado para su dictamen, la circular que establece la nueva metodología de los peajes por el uso de las redes eléctricas. Concretamente, la que fija el reparto de los costes del sistema entre los distintos consumidores: 7.150 millones de las redes de distribución de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo) y 1.646 millones del transporte en alta tensión, de REE.
La circular plantea la posibilidad de que los consumidores domésticos (con menos de 15 kW de potencia) puedan contratar dos potencias en el día, según sus usos habituales. Además, en el término variable de los peajes (energía) la circular amplía las dos tarifas horarias actuales (el peaje contratado y la llamada tarifa discriminación horaria o DH, que rige entre las 22 a 12 horas) hasta un total de seis tarifas al día para otros tantos periodos.
En el texto final, la CNMC ha corregido algunos de las medidas que suponían una invasión de las competencias de Transición Ecológica, tal como planteó este ministerio en el comité de coordinación que convocó al respecto. El organismo tiene potestad por primera vez a fijar los peajes de acceso a las redes eléctricas de 2020, que elaborará aplicando la nueva metodología, que debe aprobarse antes de fin de año.