Fuente: El Economista
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, ha realizado una defensa en bloque del nuevo sistema de retribución del gas y la electricidad, que planteaban un recorte de hasta el 18% para el pago a la distribución de gas y del 7% para la de electricidad.
El primer ejecutivo del superregulador dudó en dejar claro a las grandes compañías del sector, que se dieron cita en el Foro de la Energía organizado por elEconomista, que la reforma no se ha realizado «para gustar a todo el mundo» y que, prácticamente, no sufrirá ningún cambio. «Todo el mundo sabe cómo pensaba la CNMC en 2014, cuando empezó a realizar estas recomendaciones. Ahora tenemos el mandato legal de fijar la retribución para los siguientes cinco años y el sentir no ha cambiado», aseveró Marín Quemada durante la clausura del evento patrocinado por Naturgy, EY o Redexis, entre otros.
En este punto, el directivo explicó que la nueva fórmula para calcular el Wacc, que reduce en unos 5.000 millones la retribución de las energéticas, está basada en criterios técnicos y económicos «ampliamente contrastados» y objetivos, por lo que cualquier reclamación o petición tiene que estar «basada en datos sólidos, objetivos y contrastables».
Y es que, pese a que se ha abierto un periodo de alegaciones de más de dos meses para que las distintas compañías eléctricas valoren las 14 circulares publicadas por la CNMC sobre el futuro del gas y la electricidad, no parece que el organismo esté dispuesto a hacer grandes cambios y que, como mucho, suavizará algo el recorte planteado ajustando alguna de las variables.
«El objetivo de todas las reflexiones era perfeccionar las circulares, que si nos habíamos equivocado el algo nos lo decían y nosotros los rectificábamos y si ha habido que cambiar algo lo hemos hecho en estas semanas», apuntó el presidente del regulador, después de que ya se han aprobado las dos primeras sin cambios.
«Estamos valorando con el máximo rigor del que somos capaces todas los apuntes y comentarios que hemos recibido y veremos que puede ser necesario introducir», explicó en este sentido Marín, que tampoco se mostró dispuesto a plegarse a las directrices del Ministerio de Transición Ecológica.
El departamento que dirige Teresa Ribero publicó el pasado mes de abril en el BOE unas disposiciones generales en el que se establecían una serie de orientaciones de política energética para que siguiera la Comisión con el objetivo de que las «adoptara en relación con las Circulares de carácter normativo en materia energética ( ) que tenga previsto aprobar y que puedan incidir sobre aspectos y prioridades de política energética en los que el Gobierno ostente la competencia». Una «orientación de política energética» que Marín no dudó en cuestionar durante su intervención. «Las orientaciones pueden ser cualquier cosa, como decidir si sí o no al carbón, pero, en mi interpretación, seis páginas a letra de BOE no son orientaciones. Ellos han hecho lo que tienen que hacer y nosotros haremos lo que veamos», sentenció José María Marín Quemada.
El presidente de la CNMC ha querido dejar claro en todo momento que el objetivo de esta regulación es dotar de «estabilidad jurídica y regulatoria» al sector y velar por el interés general, como son las familias o las distintas industrias, como las azulejeras o la del autómovil que son «extraordinariamente sensibles a los precios de la energía». «Esta bajada de costes va a repercutir en los consumidores y en el déficit energético», aseveró antes de matizar que la nueva normativa sí que contempla retribuir las inversiones aunque «no cualquiera».
«Las inversiones hay que retribuirlas porque si no nadie invertiría. Esas inversiones se van a retribuir, pero sólo las que sean necesarias y se encuentren en sectores regulados, no las que respondan a las estrategias privadas de las empresas. Esas no las tienen que pagar el consumidor español», sentenció Quemada.
El primer espada del superregulador, que asegura que hay otros países que tienen formulas más austeras, tiene previsto aprobar el nuevo sistema de retribución antes de finales de año para que entre en vigor en 2020 en el caso de la electricidad y en 2021 en el del gas, por eso está operando con plazos tan ajustados. Y es que, si no se aprueba, de cara al próximo periodo se prorrogará el sistema actual.