Fuente: Expansión
Vía recibo de la luz, los españoles han pagado 1.500 millones desde 2015 por interrumpibilidad a Alcoa y otras empresas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que critica duramente la regulación del ministerio de Energía, a cuyo frente está Álvaro Nadal, en la denominada interrumpiblidad eléctrica.
Este sistema es un servicio que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico. En la práctica, la interrumpibilidad se usa poco, aunque el coste para el sistema -que terminan pagando todos los usuarios a través de la factura de la luz- es millonario. Las empresas con interrumpibilidad son la gran industria, como Arcelor y Alcoa. Muchas de ellas han amenazado con la deslocalización si no reciben este tipo de pagos que, a su juicio, les permite reducir costes eléctricos.
Aunque el gobierno prepara una nueva norma para flexibilizar el sistema, a juicio de la CNMC no se corrigen todos los defectos del modelo, que ha supuesto en los últimos tres años pagos a las empresas de más de 1.500 millones de euros (508 millones en 2015, 503 millones en 2016 y 525 millones en 2017).
Veinte euros al año
Esto supone unos 20 euros al año por cada recibo de la luz. La CNMC abre así otro frente en el creciente enfrentamiento que desde hace meses mantiene contra Nadal, al que acusa de maniobrar para laminar sus competencias. El informe del órgano regulador, presidido por José María Marín Quemada, llega justo cuando Nadal se dispone a llevar su orden ministerial al consejo de ministros.
La CNMC, en su informe, además, recuerda que la Comisión Europea investiga a varios países miembros, entre ellos España, por las posibles ayudas ilegales de Estado a través de estos mecanismos. La CNMC airea así el viejo fantasma del sector eléctrico en España. Además de éste, Bruselas tiene abiertos otros expedientes a España por determinadas normativas en el sector energético.
En su informe, la CNMC, entre otras cosas, critica los mecanismos de subastas con los que se asigna la interrumpibilidad. A su juicio, estas subastas son complejas, y sus costes triplican las de otros mecanismos equivalentes en sectores como el gas.
El organismo también considera que Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, debería justificar mediante una metodología de estudio que realmente es necesario subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible.
La CNMC señala en su informe el elevado coste de la interrumpibilidad y el reducido uso efectivo que en los últimos años se ha hecho del mismo. También indica que determinados segmentos de las subastas (para los bloques de 90 megavatios), son susceptibles de plantear problemas de competencia, como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva.