El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) pide al Gobierno que justifique metodológicamente en la nueva Ley del Sector Eléctrica (LSE) el diferencial que utilizará para fijar, sobre la base del bono del Tesoro, la nueva retribución a las actividades reguladas, entre ellas renovables, transporte y distribución.
Esta nueva retribución es uno de los pilares de la reciente reforma energética, con la que el Gobierno quiere acabar con el déficit de tarifa y que incluye tanto recortes a las actividades reguladas como mecanismos para compensar automáticamente cualquier desviación en los desajustes del sistema eléctrico.
Al pedir una mejor justificación de la medida, la CNE recomienda dar más visibilidad en la nueva LSE al WACC (coste medio de capital). Si el Gobierno garantiza una rentabilidad equivalente a las obligaciones del Estado a diez años más un diferencial, el regulador propone definir la rentabilidad como la diferencia entre el WACC (coste medio de capital) de referencia y el rendimiento de las obligaciones del Estado.
En esta línea, propone que antes del inicio de cada periodo regulatorio de seis años y dentro de la revisión de los parámetros de retribución se incluya el cálculo del WACC de referencia de cada actividad.
Esta propuesta aparece recogida en el informe de la CNE acerca del anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico remitido por el Gobierno, en el que el regulador vuelve a quejarse del «insuficiente» tiempo concedido por el Ejecutivo para analizar la nueva regulación.
Al pronunciarse sobre los nuevos mecanismos de ingresos y costes del sistema eléctrico, el organismo presidido por Alberto Lafuente pide además que las auditoras que se adjudiquen el control, análisis o auditoría de la información utilizada en el cálculo de actividades reguladas no puedan establecer relaciones contractuales con las empresas afectadas por estas retribuciones.
El informe contempla de forma positiva el nuevo mecanismo de corrección automática del déficit de tarifa, por el que el desajuste anual no podrá superar el 2,5% de la previsión de ingresos, ni el déficit acumulado el 10% de dichos ingresos. No obstante, pide que se justifiquen los motivos por los que se fijan estos porcentajes.
Tampoco se muestra en contra de que sean los participantes en las actividades reguladas los que financien el déficit de tarifa, y no solo las cinco grandes eléctricas, pero pide que la devolución de esta financiación se realice en dos años, en vez de en cinco. Eso sí, las empresas financiadoras podrán disfrutar de un tipo de interés equivalente a quince años.
Consumidores
Por otro lado, la CNE propone al Gobierno que fije por ley un nuevo procedimiento «transparente, sencillo y gratuito» que permita a los consumidores poner en conocimiento de las entidades alternativas de resolución de conflictos de consumo los problemas que tengan con su suministro eléctrico.
Las resoluciones que se dicten como parte de este procedimiento, según la recomendación del regulador, podrán obligar a la devolución de los importes indebidamente facturados por parte de las eléctricas o cualquier medida de restitución de los derechos e intereses legítimos de los afectados.
El regulador pide también que se reconozca la misma protección tanto a los consumidores que cuenten con un contrato regulado como a los que se encuentren en el mercado libre.
Acceso y subastas
Otro de los puntos en los que hace énfasis el regulador es el del derecho de acceso a la red para productores y consumidores. Frente a la postura del Gobierno, que lo condiciona a la sostenibilidad del sistema, el regulador lo considera un pilar básico de la liberalización y, por ello, rechaza que se fijen condicionantes.
Dentro del mercado eléctrico, la CNE propone modificaciones en las subastas trimestrales Cesur para fijar el coste de la energía, pero solo para dar cabida al previsible mayor número de comercializador de último recurso, que antes era de cinco y que ahora podrá ampliarse. Los cambios también afectan a los periodos de entrega de los productos.
Otras recomendaciones se refieren a incluir los ingresos de los agentes que exporten electricidad a países no comunitarios o a pasar el coste del servicio de interrumpibilidad a la parte del mercado, y no de los peajes.
Competencia de la CNMC
En su informe, el regulador energético alude además en varias ocasiones a la necesidad de preservar las competencias de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Se considera necesario introducir mención expresa a la CNMC en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente atribuidas», señala.
La nueva ley debe permitir a la CNMC «supervisar las medidas necesarias para garantizar el suministro eléctrico», así como establecer su competencia para establecer la metodología de asignación de los costes regulados.