La Comisión Nacional de Energía (CNE) celebró la semana pasada dos consejos de administración y volverá a reunirse de nuevo mañana martes y el miércoles con motivo de las numerosas normas que integran la reforma eléctrica y que tiene que dictaminar. Por ahora, la CNE ha aprobado el informe sobre la orden ministerial por la que se revisarán los peajes eléctricos a partir del 1 de agosto y que supondrá una subida media del 8% de esta parte regulada de la factura. Los nuevos peajes descuentan, por el lado de los costes, los recortes de la retribución de las empresas aprobados en el RDL de medidas urgentes, de lo que se deriva ya una suficiencia de ingresos.
La CNE dice no contar con elementos para valorar si se producirá este año un superávit de tarifa de casi 19 millones de euros, tal y como figura en la propuesta de orden. Desconoce además cómo ha calculado el ministerio que el recorte de las primas del régimen especial será de 750 millones y que alcanzarán este año los 10.000 millones de euros (900 millones más de los previstos en los peajes de enero). Lo que finalmente se retribuya a las tecnologías verdes va a depender de los estándares que se apliquen para cada tecnología, que aún no se han elaborado.
Por otra parte, aunque Industria ha corregido a la baja la previsión de la demanda de electricidad para este año (que pasa del -1,1% previsto inicialmente al -2,4%), el organismo regulador cree que será aún menor. Esto reduciría los ingresos por peajes.
Respecto al cambio de la estructura del recibo de la luz, donde a partir de ahora aumenta su ponderación el término fijo y baja el del consumo, la Comisión considera que esta medida habría requerido de un informe previo. Aunque el regulador está de acuerdo con el planteamiento, discrepa en que se incluyan todos los costes (únicamente los de la distribución y el transporte) para determinar dicho peso.
Además de los peajes, el regulador quiere aprobar esta semana las normas más urgentes del amplio paquete de la reforma: la orden sobre retribución de la distribución y el transporte para el segundo periodo de 2013 y la orden sobre utilización del gas en las plantas termosolares, necesaria para cerrar las liquidaciones de 2010.
El consejo de la CNE también tendrá que aprobar esta semana el dictamen del anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, que deberá ser informado también por el Consejo de Estado antes de su remisión a las Cortes por parte del Gobierno.
Las empresas afectadas llevan más de una semana preparando comentarios o alegaciones a las distintas normas a través del consejo consultivo de la electricidad de la CNE, para lo que han contado con escaso margen. De hecho, algunos de los plazos han vencido. Las alegaciones de la mayoría de las normas se presentaron el viernes. Hoy termina el plazo fijado para alegar sobre la orden de interrumpibilidad, que afecta a la gran industria; mañana otros cuatro reales decretos (renovables, autoconsumo, hibernación y sistemas extrapeninsulares) y el miércoles, el de comercialización y la resolución sobre el nuevo modelo de factura de la luz.