FUENTE: El Periódico de la Energía
La compañía tendrá que devolver las ayudas percibidas de la subasta del año pasado y no podrá participar en las de 2015 y 2016 por lo que la viabilidad de la planta queda en entredicho.
Este martes los trabajadores de Inovyn-Solvay en la planta de Martorell han comunicado que se concentrarán el próximo jueves a las 12.00 horas en las puertas de la planta en la localidad catalana. La causa, la viabilidad económica de la planta está en peligro y por tanto los puestos de trabajo de 500 personas, que podrían ser unos 2.000 afectados si se tienen en cuenta los empleos indirectos.
Pero, ¿por qué la planta de Solvay Spain en Martorell corre peligro? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, ha comunicado a la empresa que tiene que devolver las cantidades de dinero percibidas por el sistema de interrumpibilidad eléctrica de los seis primeros meses del año. Además, Industria ha decidido que Solvay Spain no puede participar en la subasta de 2015, que se celebrará el próximo lunes 31 de agosto en Madrid. Y tampoco podrá hacerlo en la de 2016.
Esta resolución se ha tomado tras fallar la empresa en dos órdenes de reducción de potencia. Si hubiese fallado solo en una, la empresa podría haber continuado con la interrumpibilidad y solo devolver la cantidad correspondiente a ese mes.
Concretamente, Solvay Spain no ha sido la que ha fallado directamente, pero sí la central de cogeneración de 20 MW que tiene adherida a la planta de Martorell, gestionada por Cofely (la empresa de la Operación Púnica).
Solvay Spain cree que esta medida es totalmente injustificada y por ello Inovyn ha presentado un recurso administrativo ante el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, solicitando la anulación de dicha resolución. Le queda poco tiempo para que el secretario tome una decisión. El lunes se celebra la subasta.
“De confirmarse, la resolución tendría graves consecuencias financieras para la futura viabilidad de la planta de Martorell”, asegura la empresa en un comunicado. Ante esta amenaza, los trabajadores se ven en la obligación de movilizarse ante la más que posible pérdida de sus trabajos. “Se trata de una disputa sobre el contrato eléctrico entre la Administración y la dirección de Inovyn-Solvay que a los trabajadores y trabajadoras nos sitúa en el centro”, dice el comunicado del comité de empresa. Realmente ellos no tienen la culpa. Pero, ¿quién la tiene?
La avaricia rompe el saco
Desde el año 2007 existe en España el sistema de interrumpibilidad eléctrica con el que la industria electrointensiva se beneficia económicamente en el caso de que tuvieran que reducir la producción por exceso de demanda eléctrica. Solvay siempre ha optado por hacerse con 60 MW, lo que toda la vida ha necesitado la planta de Martorell. Por esta cantidad, es decir, 12 bloques de 5 MW, la compañía percibía aproximadamente unos 10 millones de euros por si hubiera que interrumpir la producción.
Pero en la subasta de 2014 todo cambió. La compañía pidió a la Generalitat de Catalunya y al Ministerio de Industria que les dejara aumentar la producción a través de la unión de dos plantas, la de Martorell y otra que tenía adyacente y que poseía la central de cogeneración. Gracias a los 20 MW de la cogeneración (cifra que Solvay pone en su declaración medioambiental), la compañía podría acercarse a los 90 MW. Además, Solvay aumentó las celdas de mercurio para poder llegar a esa cifra sin problemas.
El caso es que Solvay tomó la decisión en la subasta de interrumpibilidad de 2014 celebrada a finales de año de hacerse con un bloque de 90 MW tras recibir las autorizaciones de la unión de las plantas, cuando toda la vida se había acogido a 60 MW repartidos en 12 bloques de 5 MW. Y ¿por qué? El pago de un bloque de 90 MW es mucho más beneficioso para una empresa. Según la subasta de 2014, el bloque de 90 MW se pagó a unos 25 millones de euros aproximadamente, es decir, por el 50% más de megavatios, la compañía percibiría más del doble del dinero captado en anteriores años (15 millones más).
Y claro, la empresa ha fallado por culpa de la cogeneración y se ha quedado ahora sin esos 25 millones y no podrá acceder durante los próximos dos años a la subasta. En total, dejaría de percibir unos 75 millones (en el caso de que continuara vendiendo bloques de 90 MW). Un dinero que es vital para una industria electrointensiva como es la planta de Martorell.
Una solución entre las partes
Durante el mes de julio, tanto el Ministerio como la Generalitat han tratado de dar una solución a este problema. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que los informes de Red Eléctrica eran tan evidentes que no se podía echar marcha atrás la decisión. Como no se ha producido eso de momento, la compañía ha decidido alzar el recurso ante el secretario de Estado de Energía.
¿Qué dice la ley? La normativa lo deja bien claro. La Orden Ministerial 2013/2013 en su artículo 10.3 dice en su apartado c) lo siguiente: “La verificación de la ejecución de una opción, para proveedores con instalaciones de generación asociadas, se realizará considerando el valor de potencia de consumo de energía eléctrica sin descontar posibles entregas de energía de la generación asociada. Durante la ejecución de una opción, la instalación de generación deberá mantener su producción de acuerdo a su previsión de programa de participación en el mercado. En estos casos para la instalación de cogeneración quedarán excluidas del cálculo del cómputo de las exigencias de rendimiento eléctrico o, en su caso, de las exigencias de ahorro de energía primaria, aquellas horas en las que la instalación haya sido programada para mantener su producción cuando el proceso consumidor asociado reduzca la potencia demandada en respuesta a una orden de reducción de potencia”.
La cogeneración de Cofely en Martorell no mantuvo su producción en al menos dos ocasiones cuando se realizaron las órdenes de reducción de potencia. La normativa dice que Red Eléctrica tiene que avisar con antelación suficiente para que la planta pueda efectuar las maniobras correspondientes. Según ha podido saber este diario, Red Eléctrica avisa al menos una hora antes de producirse la orden, tiempo suficiente para prepararlo. Lo hacen así con todas las empresas.
Al fallar en dos ocasiones, pierde automáticamente la cantidad percibida, en este caso, los seis primeros meses. Y tras esto, ha sido el Ministerio el que ha tomado la decisión de apartar a Inovyn Solvay de las subastas de 2015 y 2016. Cree el Ministerio que no se han hecho las cosas debidamente por parte de la empresa.
Durante las negociaciones de julio, en las que también se trató con la empresa y los trabajadores, la Generalitat y el Ministerio cedieron ante la evidencia de que se hizo mal el trabajo.
Incluso la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha pronunciado al respecto. Según ha podido saber este diario, el regulador asegura que la decisión de la empresa de acceder al bloque de 90 MW fue arriesgada.
Es por ello, que la resolución está dentro de los márgenes de la normativa. Una decisión empresarial ha sido la que ha llevado a la compañía a poner en riesgo la viabilidad de la planta. Y todo por hacerse con 15 millones más. Por eso, en este caso, la avaricia ha roto el saco. Ahora a Solvay solo le queda la esperanza de que el Ministerio le deje participar en las siguientes subastas, pero el tiempo corre en su contra. Está en juego una planta con más de 40 años de historia. Ahí es nada.