La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado, mediante un auto, las medidas cautelares solicitadas por Endesa y Gas Natural Fenosa contra el decreto del carbón, que prima la quema de mineral nacional, por lo que las eléctricas deberán comprar mineral autóctono al precio establecido por ley en sus respectivas centrales térmicas, con lo que, consecuentemente, las empresas carboneras podrán dar salida a su producción y volver a facturar.
La reciente decisión tomada por los jueces de la Audiencia Nacional supone el segundo varapalo judicial para las compañías eléctricas, a las que también se les denegaron las medidas cautelarísimas solicitadas para dejar sin efecto la Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2013, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.
En este sentido, las energéticas españolas solicitaron al juez que obligase al Estado a redactar un nuevo decreto del carbón, una resolución que incluyese dentro de los precios de la energía generada con el mineral nacional el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (del 7 %), así como el Impuesto Especial sobre el Carbón —el llamado «céntimo verde»—, dado que el RDL de 2010, que fijó el mecanismo de compra, establece que «se deben recoger todos los costes», según las «utilities». Precisamente, estos dos gravámenes fueron incluidos en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad aprobada por el Gobierno de Rajoy.
Mientras se resolvía el recurso y las cautelares solicitadas por Endesa y GNF, las eléctricas acataron la resolución y comenzaron a producir con carbón de acuerdo con los despachos determinados por Red Eléctrica de España; pero dado que la obligación de comprar mineral autóctono era para un año (siete millones de toneladas, o el equivalente a 20.000 GWh en el conjunto de 2013) y que aún tenían reservas del año anterior en sus parques, las eléctricas han quemado, pero no comprado producto nuevo a las mineras, que están acuciadas por la falta de ingresos.
Con la finalidad de obligar a las eléctricas a realizar compras de mineral cada mes, en lugar de que se acojan a la obligación a través del cómputo anual, el Ministerio de Industria aprobó una nueva resolución el pasado 13 de febrero, que establece que el volumen de mineral debe adquirirse en doceavas partes, esto es, cada mes. Esta medida también fue recurrida por algunas eléctricas y, en el caso de Endesa y Gas Natural Fenosa, estas solicitaron medidas cautelarísimas, pero la Audiencia Nacional las denegó a principios de abril alegando que se superponían a las cautelares solicitadas antes y que, finalmente, este tribunal acaba de desestimar.
El rechazo a estas medidas cautelares supone un primer paso hacia la normalización del sector del carbón, algo fuertemente demandado desde empresas mineras y sindicatos para poder abordar con garantías la negociación del nuevo Plan de la Minería del Carbón para el periodo 2013-2018. Aunque para lograr la normalización completa de esta industria aún falta otro punto clave, el pago, o al menos la aprobación, de las ayudas de 2012 a las dos mayores compañías privadas del sector: el Grupo Alonso y la Hullera Vasco Leonesa. El Gobierno no ha aprobado las ayudas a estas dos corporaciones porque mantienen una deuda con la Seguridad Social, según los representantes públicos.
Sobre este asunto, los sindicatos llevan meses exigiendo por activa y por pasiva que el Gobierno conceda de forma inmediata las ayudas, e incluso desde el Grupo Alonso ya se ha advertido de que si no las cobran, la empresa entrará en concurso de acreedores el próximo 7 de julio.
Del mismo modo, al conocer el auto de la Audiencia Nacional, los sindicatos reclamaron ayer al Gobierno que exija a las eléctricas que firmen cuanto antes los contratos de suministro para empezar a quemar carbón nacional y evitar el cierre adelantado de la minería. Por su parte, Fabián Álvarez, de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, aseguró que «es el Gobierno el que tiene que actuar ahora, exigir a las empresas que cumplan los compromisos que adquirieron». Asimismo, el responsable sindical manifestó su esperanza de que lo hagan en el plazo «más breve posible», haciendo alusión al concurso de acreedores que anunció hace unos días Victorino Alonso.
José Daniel González, secretario de Organización del Soma, afirmó que tras la decisión de la Audiencia «nada impide que se empiece a quemar carbón» y aprovechó para reclamar al Gobierno que agilice ahora el recurso presentado por las empresas mineras para las ayudas de 2012 que aún no han recibido. De no resolverse, «estas compañías entrarían en liquidación en dos meses, quedando más de 1.400 personas en el paro y sin saber qué va a ocurrir con esas concesiones».