Los miembros de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) están «extremadamente» preocupados por las limitaciones a la producción que han sufrido desde principios de año sus instalaciones, por lo que han distribuido un comunicado en el que solicitan «a las autoridades que analicen los procesos por los que la eólica es la tecnología más afectada por estos recortes, con el fin de buscar una solución satisfactoria».
Los datos aportados por la patronal describen que en los tres primeros meses del año en curso «estas limitaciones han supuesto una pérdida de ingresos de 43,3 millones de euros para el sector, un impacto claramente desproporcionado», mientras que en los once primeros días de abril, «las pérdidas han sido de 26,5 millones, por lo que el impacto en el año asciende a 69,8 millones de euros».
Así las cosas, los integrantes de la entidad que preside Rocío Sicre anuncian que están enviando cartas y solicitando reuniones al «Ministerio de Industria y Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE)» con el fin de tratar este asunto y poder buscar una solución adecuada y menos dañina para la eólica.
«El sector entiende que resulta más sencillo limitar la producción a la eólica que a otras tecnologías porque los sofisticados centros de control con los que está conectada REE a los parques eólicos en tiempo real le permiten modular con facilidad su aportación al sistema, lo que hace que la eólica sea una tecnología fácilmente gestionable. Ahora bien, AEE ha observado que en algunos casos se ha mantenido la generación con otras instalaciones que, de acuerdo con la reglamentación actual, deberían sufrir limitaciones antes o al menos en igualdad de condiciones que la eólica», advierten los empresarios que integran la patronal.
«Además, se han producido importaciones de electricidad, fundamentalmente a Portugal, en momentos en que el precio del mercado eléctrico era idéntico en ambos países, sin justificación económica alguna. En los tres primeros meses del año, en los que la demanda eléctrica ha sido menor de lo previsto y las abundantes lluvias han obligado a desembalsar pantanos, se ha recortado la generación de 533 GWh eólicos, equivalentes al 5 % de la producción del sector en el periodo», continúan explicando sus argumentos los responsables de la AEE.
Asimismo, alertan de que «la situación ha sido especialmente grave en marzo, mes en el que se han perdido 456 GWh eólicos, suficiente electricidad autóctona y limpia como para cubrir la demanda mensual de electricidad de dos millones de hogares españoles. En los once primeros días de abril, los recortes han alcanzado los 325 GWh».
Ante este panorama, «el perjuicio económico provocado por las limitaciones a la producción se suma a la pérdida de ingresos que está sufriendo el sector como consecuencia de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, fundamentalmente como consecuencia del Real Decreto-Ley 2/013 —cuya aplicación supone de facto una fuerte reducción de la retribución del sector— y el impuesto del 7 % sobre la generación eléctrica», inciden los miembros de la asociación sectorial.
Sus previsiones apuntan a que estas medidas le cuesten «unos 600 millones de euros al sector en 2013, lo que además ya se está traduciendo en pérdidas de inversión y de empleo». Por todo ello, los profesionales que conforman la AEE consideran que «la CNE debería crear los mecanismos adecuados que permitan analizar las limitaciones a la generación eólica y evaluar su conveniencia, así como asegurarse de la aplicación de las prioridades previstas en la reglamentación, con el fin de reducir el indeseable desperdicio de un recurso renovable como es el viento».
Para concluir, los empresarios eólicos recuerdan que en otros países de la Unión Europea, como Alemania, Italia o Irlanda, las instalaciones eólicas que ven restringido su acceso a la red son compensadas posteriormente. Además, la Directiva 2009/28 de la UE sobre energías renovables expresa en el preámbulo que «en determinadas circunstancias, no es posible garantizar completamente el transporte y la distribución de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable sin que ello afecte a la fiabilidad o la seguridad de la red. En estas situaciones, puede ser conveniente conceder una compensación económica a estos productores».