Fuente: Expansión
La formación quiere que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tenga en propiedad una quinta parte del capital de todas las empresas que distribuyen la energía eléctrica en España.
A través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, la formación integrada en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea insta al Gobierno a modificar la Ley del Sector Eléctrico para equiparar el régimen de propiedad de estas compañías al de Red Eléctrica de España, transportista en el mercado de la electricidad.
En este sentido, la iniciativa -presentada para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo- también contempla el blindaje de esta porción pública de Red Eléctrica, pues quieren reformar la citada ley para que esta participación de la SEPI no sea inferior al 20%.
La formación de izquierdas quiere lograr de esta forma una nueva estructura de la propiedad en este sector estratégico y pide que a la hora de nacionalizar estos activos se tome en consideración la «cesión gratuita de infraestructuras a las empresas distribuidoras de referencia de la zona, y el estado físico de las redes de distribución y su relación con la calidad del servicio».
Según apunta en su exposición de motivos esta formación política, el 70% de la red de distribución, -«un monopolio natural de importancia estratégica», advierten- se encuentra en manos de Repsol, Gas Natural, Endesa, Viesgo y EDP, que a su vez controlan el 80% de la generación y la comercialización de energía eléctrica.
Clave para la transición energética
La red de distribución ya no solo se limita a llevar la energía hasta los consumidores, sino que en el nuevo modelo de generación distribuida y gestión de la demanda es la red a la que se conecta gran parte de la producción de origen renovable, así como los dispositivos de almacenamiento de energía fotovoltaica y eólica de pequeño y mediano tamaño
Asimismo, también destacan que estas empresas tienen asignadas la propiedad y gestión de los contadores inteligentes, utilizados para la facturación de energética, lo que, a juicio de IU, les otorga una «relación privilegiada» con los consumidores y les permite establecer barreras de participación a otras empresas.
Por tanto, desde Izquierda Unida señalan la importancia del control de esta red para garantizar el proceso de transición energética y los beneficios que supondría la participación pública referidos a la eficiencia económica y energética. IU cuantifica en más de mil millones de euros las pérdidas anuales en la distribución de energía eléctrica.