Antes de la conclusión del próximo junio, las compañías del sector eléctrico en general y del renovable en particular saldrán de toda duda sobre las novedades normativas que deberán sumar al largo listado que desde hace meses han ido ampliando los respectivos responsables de Regulación en esta materia.
Desde el Gobierno ya se han avanzado algunas de las medidas que formarán parte de este último paquete regulatorio sobre energía, y es rara la semana en la que los distintos medios de comunicación no se hacen eco de nuevas noticias sobre este polémico asunto. En esta ocasión, de nuevo ocupa el protagonismo de la actualidad del sector la industria renovable. Tal y como cita «El Economista», fuentes consultadas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo han revelado que el equipo que dirige José Manuel Soria está preparando un ajuste de alrededor de 1.000 millones de euros que afectará a los titulares de instalaciones de generación de electricidad «limpia».
Así, el primer borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 54/97 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico que el Gobierno ya tiene sobre la mesa recoge que para lograr la estabilidad financiera del sistema han de introducirse mecanismos de estabilización y revisión de las retribuciones de modo periódico y adaptado a las circunstancias.
La idea básica de la reforma es recortar un total de 4.000 millones de euros, y el grueso de esta cifra se conseguirá mediante un nuevo tajo a las renovables, que ya acumulan recortes por valor de 5.493 millones de euros como consecuencia de las decisiones adoptadas en el último trienio.
Como ya se sabe, la intención es que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 asuman 2.200 millones de euros de gasto recurrente en lo que respecta al coste de las extrapeninsulares (1.500 millones después de la aprobación de la ley que está ahora mismo en tramitación en el Congreso) y los 700 millones que supone el coste de la interrumpibilidad (incentivo que recibe la industria por desenchufarse del sistema en momentos de punta de demanda).
Adicionalmente, Industria se reserva un as bajo la manga para el caso de que el Ministerio de Hacienda decida reducir esta cantidad y opte por la creación de una banda de regulación en el mercado mayorista que sirva para darle un carácter competitivo a este servicio que presta la gran industria al operador del sistema.
Así las cosas, la decisión de mayor peso de toda la reforma está relacionada con el recorte de los otros 1.800 millones de euros que restan. Según las mencionadas fuentes, ya hay un primer esquema de cómo quedará la nueva reducción de ingresos. Concretamente, el Ministerio tiene en mente aplicar un recorte de entre 700 y 1.000 millones a las renovables, así como otro de 400 millones a las responsables de la distribución y el transporte y una subida adicional de las tarifas eléctricas que pagan los consumidores que supondrá en torno a 400-600 millones de euros.
La intención del Gobierno es prolongar a partir de 2014 la limitación de horas a las que somete en estos momentos a las tecnologías fotovoltaicas y termosolares compensándola con más años de pago de primas, tal y como ya se realizó en 2010. De este modo, la rentabilidad de las plantas sigue manteniéndose y la limitación apenas queda enmarcada en los ingresos anuales. Según la teoría que maneja el Gobierno, esta situación puede no suponer actualmente un problema para las instalaciones, ya que han tenido que refinanciar los pagos con anterioridad.
Por su parte, los nuevos recortes a la retribución de la distribución (eléctricas) y al transporte (Red Eléctrica) vendrían de la mano de la modificación de la metodología por la que se calculan sus respectivas compensaciones por las inversiones que realizan y que se intentaría alcanzar en términos más eficientes que los actuales.
El Ministerio, tal y como anunció el propio secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, prepara también una reforma del mercado mayorista eléctrico —«pool»—. Las medidas que previsiblemente se adoptarán en este sentido vendrán en parte marcadas por las directivas europeas y los pasos necesarios para adaptarse al mercado único comunitario, que ha de ponerse en marcha a partir de 2014.
Cambios en el mercado
Por otro lado, cabe apuntar que el Gobierno ha planteado la creación de un mercado de capacidad. Esto significa que las tecnologías no gestionables tendrían que hacer contratos con las gestionables para garantizar una cantidad de carga al mercado. En la práctica, esta situación supone que los parques eólicos tendrán que hacerse cargo de los pagos por capacidad que reciben los ciclos combinados, medida a la que se ha negado la industria afectada en bloque.
La intención del Gobierno también pasa por una reforma del acceso de las diferentes tecnologías en el mercado de casación, donde las renovables tienen prioridad de entrada, tal como dicta la directiva europea. La razón es que algunos Estados miembros ya están comenzando a plantear en Europa las complicaciones y deficiencias que supone cumplir al cien por cien con estos reglamentos, ya que a lo largo de varios días de lo que va de año el precio del megavatio/hora ha sido cero.
En el marco de estas directivas, algunos países consideran que podría haber excepciones que contribuirían a paliar parte de estos problemas en el mercado de casación diario. En este sentido, la canciller alemana, Angela Merkel, que en estos días prepara también su reforma energética, ya ha dado muestras de que sus políticas irán precisamente en esa dirección. De hecho, ha asegurado que hay que hacer cambios en el sector y que, en su opinión, la generación de energía limpia tiene que cambiar, para lo que se prevé aprobar nuevas medidas que impliquen la reducción de las subvenciones verdes que pagan los consumidores mientras se asegura que las plantas de gas son capaces de operar con ganancias.