El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) reabrió ayer la consulta pública sobre el proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que introduce cambios en la renovación de las licencias de explotación de las centrales atómicas.
Cabe recordar que el 5 de marzo de este año «se efectuó la apertura de un periodo de información pública del proyecto, en virtud del artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente».
Según fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Pleno del 24 de abril estudió y valoró el mencionado proyecto, pero no fue informado del cambio que se realizó con posterioridad en el documento. A este respecto, los técnicos de la cartera que dirige José Manuel Soria reconocen que «durante la posterior tramitación del citado proyecto se han llevado a cabo modificaciones del mismo que aconsejan la apertura de un nuevo trámite de audiencia en virtud del artículo 24.1c) de la Ley 50/1997, así como de un nuevo periodo de información pública, en virtud del artículo 16 de la Ley 27/2006».
Las alegaciones que se quieran remitir sobre este asunto pueden ser trasladadas a los responsables de Industria hasta el próximo 26 de julio dirigiéndose al correo electrónico proyectossgen@minetur.es, indica la nota publicada en la web del Minetur.
En la segunda versión del documento se afirma que el real decreto fue visto por el CSN y en su elaboración fueron consultados los agentes económicos sectoriales y sociales interesados y las comunidades autónomas. El texto modificado propuesto permite a las nucleares renovar su autorización de funcionamiento transcurrido un año desde la declaración de su cese, siempre que este haya obedecido a razones económicas y no a motivos de seguridad nuclear o de protección radiológica.
Dicho cese de actividad tendrá, desde la propia fecha en la que surta efectos su declaración, carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica. En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año, que comenzará a contar a partir de la fecha en que surta efecto la clausura de la instalación.
De esto se deduce que el titular de Santa María de Garoña, Nuclenor (propiedad al 50 % de Endesa e Iberdrola), contará con un año de gracia para pedir la renovación de la licencia de explotación de la central. Esto es así porque el cambio realizado en el reglamento de instalaciones nucleares dota de un margen de doce meses en el que el Gobierno podría aprobar el real decreto por el que el Minetur acaba de reabrir la consulta pública y que permitiría reanudar la actividad del reactor burgalés.
El BOE publica la orden del cese definitivo de la central de Garoña
Por su parte, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Orden IET/1302/2013, de 5 de julio, por la que declara el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, cuya autorización expiró el pasado 6 de julio.
El texto normativo incluye por primera vez las motivaciones que conducen al final de la operación de la central, por lo que se trata de una orden sin precedentes. En ninguno de los casos anteriores —Vandellós I y José Cabrera (más conocida como Zorita)— se explicaron las motivaciones que condujeron al final de la explotación de dichos reactores.
En este caso, la orden ministerial está firmada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y no por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. En ella se hace hincapié en que al considerar que la autorización de Garoña expiró el 6 de julio de 2013, su operación debe cesar en esa fecha «aun cuando no existan razones de seguridad y protección radiológica que lo exijan y la empresa titular de la instalación haya invocado razones económicas para no solicitar la renovación de la autorización».
La instalación burgalesa sigue, por tanto, en la situación de parada que comenzó en diciembre de 2012 a raíz de la entrada en vigor de los nuevos impuestos que, según la compañía, hacían inviable la situación económica de la central. De este modo, el documento declara que el «cese definitivo de la explotación» tuvo lugar el 6 de julio de 2013 y establece las actividades que deberá realizar el titular en la planta. Estos límites y condiciones coinciden con los que aprobó el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear el pasado 3 de junio.
Según dichos requisitos limitatorios, el CSN podrá eximir «temporalmente el cumplimiento de algún apartado de los documentos requeridos, e informar a la Dirección General de Política Energética y Minas del inicio y de la finalización de la exención».
Además, se autoriza al titular, bajo su responsabilidad y según dicta la normativa en vigor, a realizar modificaciones en el Manual de Garantía de Calidad «siempre que el cambio no reduzca los compromisos contenidos en el programa de garantía de calidad en vigor».
En la misma línea, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Nuclenor) también podrá acometer modificaciones en el Manual de Protección Radiológica y en el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del Combustible gastado en determinadas circunstancias y siempre con la autorización o apreciación favorable del organismo regulador.
Por último, se concede permiso para la interposición de un recurso de reposición en un mes o bien un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 7 de julio.