El Ministerio de Industria está preparando la planificación energética de redes para el periodo 2015-2020. La intención del Gobierno es que se alcance una inversión en el periodo de 2.000 millones de euros que se repartirán en 700 millones para la red de transporte y 1.400 millones para la distribución.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, la planificación ya ha sido enviada a las Comunidades Autónomas para que puedan realizar sus aportaciones.
La intención del Gobierno, tal y como indicó recientemente el propio secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, es tenerla aprobada antes de acabar el año. En lo que respecta al transporte la intención es mejorar las interconexiones tanto de las islas Canarias, donde se ejecutará la unión de Fuerteventura con Lanzarote y de Tenerife con La Gomera, así como cuatro nuevas subestaciones. En Baleares también se incrementará el recorrido del cable que viene de la península y una nueva conexión con Ceuta. Además, se reforzarán las redes internacionales con Francia y Portugal.
El ejecutivo cuenta con una interconexión con Francia desde el País Vasco y quiere impulsar una nueva interconexión a través de los Pirineos en las próximas cumbres europeas en las que quieren que se incremente el objetivo de interconexiones desde el 10% actual al 15%.
En segundo lugar, la planificación prevé eliminar las restricciones técnicas donde las haya, bien porque la red es débil o porque puede haber cuellos de botella en aquellos lugares donde sistemáticamente ha habido generadores que se encuentran en una posición de monopolio local y son los únicos que pueden resolver las restricciones.
El Gobierno tiene estimaciones de cómo va a evolucionar la demanda, el PIB a largo plazo que se hacen con el mejor conocimiento que se tiene en el momento. La planificación servirá para solucionar los problemas de algunas zonas industriales que están muy pujantes y necesitan alta calidad de la energía.
La planificación incluye también una inversión de 1.400 millones en la red de distribución, es decir, cerca del máximo previsto por la ley, como ya adelantó El Economista.