El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, señaló ayer que la continuidad de las empresas mineras españolas dependerá «de la capacidad de gestión y de la competitividad que tenga cada una» ellas. En declaraciones a los medios tras presentar los Presupuestos 2014 en el Senado, Nadal rechazó que los problemas económicos que atraviesan algunas empresas mineras estén relacionados con el plan marco del carbón para 2013-2018 acordado en septiembre.
«El plan lo que establece son unas previsiones de producción y de empleo», con ciertas garantías, mientras que «los problemas que tienen estas empresas los arrastran de atrás», defendió. «El plan está diseñado de manera que se garantiza un espacio para el carbón nacional y un sistema de ayudas de aquí a 2018», así como mecanismos de protección social para los trabajadores. Sin embargo, según Nadal, eso no implica que «todas las empresas» vayan a «seguir funcionando», algo que dependerá de la «capacidad de gestión y competitividad» que cada una tenga «de forma relativa». Respecto al impacto de los posibles cierres, el secretario de Estado subrayó que los trabajadores tienen que tener «muy claro» que el plan incluye un plan de protección «muy importante» para todos los trabajadores de la minería.
El Principado acusa al Gobierno de llevar a Hunosa «a un callejón sin salida»
Por otro lado, el Gobierno asturiano acusó ayer al Ejecutivo central y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de llevar «a un callejón sin salida» a la compañía minera Hunosa con sus propuestas de plan de empresa que llevarían al cierre de la sociedad pública en 2018.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, calificó de «preocupantes» los planteamientos realizados con Hunosa que, ha recordado, sigue teniendo «un papel muy relevante» para la economía asturiana «y para miles de familias».
Según Martínez, con las propuestas trasladadas hasta ahora a los sindicatos se incumple lo previsto en el Plan de la Minería del Carbón recientemente suscrito y reflejan una voluntad política de acabar «anticipadamente» con la empresa y acelerar su cierre al no dar ninguna garantía de supervivencia más allá de 2018.
A su juicio, los planteamientos esgrimidos hasta ahora por Hunosa no sólo eliminarían su actividad en la extracción de carbón sino que tampoco se mantendría la apuesta realizada hasta ahora por diversificar su actividad hacia otras actividades como la obtención de energía geotérmica o por biomasa o la puesta en marcha de explotaciones mineras a cielo abierto.
La minería, subrayó, ha sufrido en los dos años de gobierno del PP «uno de los mayores ataques de su historia» a la que se suma ahora un propuesta que contempla que la empresa, en contra de lo realizado en sus sucesivos planes de reconversión, pueda despedir a 354 trabajadores de sus 1.600 trabajadores de aquí a 2018 al no alcanzar la edad de prejubilación.
Según el consejero de Presidencia, de seguir adelante con las propuestas iniciales de Hunosa, éstas acarrearán «conflictividad y perjuicios sociales para miles de familias por lo que ha reclamado de la SEPI, accionista universal de la compañía, que se incorpore a la negociación para evitar «otro conflicto» en las cuencas.