FUENTE: Cinco Días
En las alegaciones presentadas por el Ministerio de Industria en respuesta al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en el que cuestiona los monopolios en las conexiones internacionales de la electricidad y el gas por parte de REE y Enagás, el Ministerio de Industria ha defendido dichos monopolios por considerar que gracias a ellos se garantiza la calidad del suministro.
Según fuentes del ministerio, el Gobierno es partidario de que los concursos para los proyectos de interconexión energética estén abiertos a la participación de empresas privadas en el ámbito de la ingeniería, la construcción, etc., pero no para la gestión de la red. En opinión de esta misma fuente, lo que plantea la CE en su carta de emplazamiento, que data de febrero, “rompe el modelo de TSO” o gestor único de las redes. Si bien, como aseguran en Industria, también en otros países europeos los TSO son “monopolistas en sus territorios”, en todos ellos conviven muchos (en Alemania, hasta una docena).
En Industria se muestran más partidarios de segregar la gestión de la red del transportista que de quitar el monopolio de la gestión de las interconexiones a ambas compañías, pues estas “han sido posibles gracias a que estaban REE y Enagás”. El que desempeñen las dos funciones tiene ventajas operativas, en opinión del ministerio, pero estas también reconoce conflictos de intereses a la hora de determinar las inversiones en infraestructuras.
El departamento que dirige José Manuel Soria también ha arremetido contra otro de los incumplimientos de las directivas de la luz y el gas de que Bruselas acusa a España en su carta de emplazamiento: los límites que se imponen a la CNMCa la hora de fijar la metodología de las tarifas de acceso, lo que pone en cuestión su independencia. Industria alega que esta potestad se reguló “bajo las condiciones de la directiva, que permite al Gobierno fijar dichas tarifas y al regulador, el método de cálculo”.
La CE considera que los costes que determina el Gobierno y que se imponen a la CNMC al elaborar su método son una traba contraria a la directiva. Para el ministerio, este argumento implica “que la metodología lo es todo y deja al Gobierno sin espacio para fijar las tarifas”.
Precisamente, la actual legislatura termina sin que el ministerio haya aprobado el real decreto sobre cargos y peajes eléctricos, una distinción que establece la ley eléctrica. La existencia de cargos en la tarifa eléctrica, además de los peajes de acceso a las redes, es una singularidad de España respecto al resto de países europeos. Pero, así como el coste de las redes de distribución y transporte se calculan en función de una metodología, los cargos (incentivos a las renovables, pagos por capacidad o subvenciones de los sistemas extrapeninsulares) carecen de ella.
La propuesta, que quedará en el cajón para el próximo Gobierno, se podría resolver la duda de si la prohibición de utilizar los superávits de tarifa para bajar los peajes (solo a amortizar la deuda eléctrica)se refiere a los peajes o a todo tipo de costes regulados, como los pagos por capacidad que el Gobierno ha recortado para permitir una bajada de la factura eléctrica del 0,7% en enero.
Sobre la amortización de los déficits pasados con los nuevos excedentes del sistema, no es tarea fácil, ya que existen varios tipos de deuda. Así, si se amortiza la FADE, por ejemplo, no se recortaría la deuda, sino los plazos, “lo que no se traduciría en un recorte de los peajes a los consumidores”. El objetivo de este Gobierno “es que se produzca una rebaja de los costes del sistema y no discriminar a los inversores”. Según fuentes de Industria, “alguna idea tenemos de cómo hacerlo”, si bien acaba la legislatura sin que haya hecho nada.
También reconocen en Industria que “no ha dado tiempo” de hacer la reforma del mercado eléctrico sobre la que se había trabajado.
250 millones de superávit de tarifa en 2016
Aunque en la propuesta de orden de peajes que Industria remitió a la CNMC figuraba una situación de equilibrio presupuestario en 2016, el ministerio desvela que en el texto final figura un superávit de 250 millones. Esto es así gracias a la caída de los precios del petróleo y al incremento previsto de la demanda, pese a que cada punto de incremento de la demanda aporta únicamente 50 millones al sistema, según los datos de Industria.
La orden de peajes, que podría aprobarse en breve después de que recibiera el visto bueno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el jueves, incluye también 150 millones de euros como fondo de contingencias “por si subiera, por ejemplo, el precio del petróleo”. Industria también prevé un superávit en el gas en 2018.
Entre las cuestiones que Soria deja pendientes, está la nueva regulación del bono social de la tarifa eléctrica, que prometió y nunca aprobó, y las medidas de lucha contra el fraude. En el primer caso, Industria dice haber estudiado ligar el bono social a la renta de los consumidores, pero que no cuenta con ningún instrumento legal para comprobar la renta que tiene el consumidor y que hay que evitar que los datos pasen a las eléctricas. “No hay más remedio que pedir certificados de renta”, señalan.
Respecto al fraude, para lo cual ha pedido un informe a la CNMC, el problema fundamental es que las distribuidoras no pueden entrar en los domicilios para comprobar trucajes de los contadores. Industria estima que el fraude en el consumo es mayor porque han aumentado en dos puntos y sin explicación las pérdidas de energía. Otro fraude a perseguir es el del IVA por parte de nuevas comercializadoras que cierran antes de liquidar este impuesto.
Además de las órdenes de peajes de la luz y el gas, el último real decreto que va a firmar el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, es el que regula la participación de las renovables en los mercados de ajuste.
El Gobierno entrante se encontrará con la propuesta que Industria ha pedido a la CNMC para “dar una vuelta” a CLH. Esto es, con un análisis del monopolio que el operador de oleoductos y si los precios en esas zonas deben ser autorizados.
Respecto a la hibridación de Elcogás (para generar con gas y biomasa), el ministerio aún no ha recibido una propuesta de Endesa.