A mediados de febrero, el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez, remitió a todas las distribuidoras eléctricas, grandes y pequeñas, una carta en la que les pedía información sobre la reducción de la potencia contratada por parte de sus clientes. En la misiva, a la que ha tenido acceso CincoDías, el ministerio dice haber advertido en los últimos meses “una reducción significativa en la recaudación de los peajes de acceso, que no se corresponde con la caída de la demanda producida en las mismas fechas”.
En las dos últimas revisiones de los peajes, el Gobierno aprobó un fuerte incremento del término de potencia, cuyo peso en el recibo se ha disparado respecto al del consumo. Según los críticos, este cambio desincentiva el ahorro y ha llevado a muchas asociaciones de consumidores a recomendar a sus socios que soliciten una bajada de su potencia contratada, siempre, claro está, que esta sea mayor de lo necesario. El ahorro es por partida doble: además de pagar menos por la parte fija, también puede bajar la tarifa por el consumo de energía, pues esta es mayor cuanto mayor es la potencia contratada.
Con su solicitud, el ministerio quiere “disponer de información que explique la situación” con el objeto de “adoptar las medidas que resulten necesarias”, si bien, no aclara qué medidas. Industria pide, a la mayor brevedad, “información relativa a la reducción de la demanda eléctrica y de la potencia contratada en la red en 2012 y 2013 con la mayor desagregación posible y, al menos, por meses, peaje de acceso y escalón de tensión”. También reclama datos sobre las pérdidas medias de la red o “pérdidas de ingresos no justificados”.
La respuesta de las distribuidoras de las cinco grandes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Eon y EDP) y las 300 pequeñas asociadas en Cide y Aseme, que mantuvieron la semana pasada una reunión en el ministerio para tratar esta cuestión, coincide: las bajadas de potencia no son significativas y han pedido tiempo para entregar unos datos que no son fáciles de desagregar y para comprobar cómo evoluciona la situación en los primeros meses del año.
Además, aunque alguna empresa reconoce que las solicitudes de cambio de potencia (tanto bajadas, como subidas o nuevas) se han multiplicado por tres o cuatro, su volumen no justificaría el descenso de la recaudación por peajes al que se refiere Industria. Su titular, José Manuel Soria, ha alertado en alguna ocasión del riesgo de bajar la potencia.
Lo que cuesta
Hoy por hoy, el único modo de ahorrar algo en el recibo de la luz que tienen los consumidores es bajar la potencia. Pero no todos pueden hacerlo pues depende de los aparatos eléctricos que tenga el hogar.
La bajada de potencia se ha de solicitar a la distribuidora y requiere cambiar el interruptor de control de potencia (ICP), o automático, lo que tiene un coste de unos 20 euros. También se paga por el nuevo derecho de acceso. Dos puntos de bajada puede suponer unos 150 euros al año.
Fuentes del sector opinan que la menor recaudación detectada por el ministerio se puede deber a algún tipo de confusión con las liquidaciones. En todo caso, si se confirman los temores del ministerio, se produciría un déficit tarifario que obligaría a subidas no previstas de los peajes.
La iniciativa bajatelapotencia.com, promovida por Greenpeace, ha logrado rebajarsela a casi 7.000 usuarios. Y comercializadoras independientes como Holaluz.com, que ganó la subasta de electricidad organizada por la OCU, se la bajan a casi todo el que tiene más de 5,5 kW contratados. Esta firma online denuncia que muchas de las viviendas construidas en los últimos años, venían “de serie” con potencias muy altas.
La única ficha de los usuarios contra las fuertes subidas
Alentados por las campañas de asociaciones de consumidores y otros colectivos, las bajadas masivas de la potencia contratada por parte de los usuarios responde a las fuertes subidas del término de potencia de la factura eléctrica aprobadas por el Gobierno en las dos últimas revisiones de los peajes: la del 1 de agosto y la del 1 de febrero. Los incrementos, superior al 12% en agosto (hasta un 76% para la mayoría de los domésticos) y más del 9,8% en febrero, se han debido al cambio de estructura del recibo, en el que se ha dado mayor peso a la potencia y menor a la energía. En febrero, el fijo pasó de representar el 63,9% de los ingresos de acceso al 68,8%.
Curiosamente, en agosto, el ministerio justificó la medida por la necesidad de frenar la caída de los ingresos del sistema debido a la caída de la demanda. Ingresos que, según ha comunicado a las distribuidoras, siguen cayendo significativamente, aunque no lo atribuye a la evolución de una demanda que no deja de caer.
Pero no han sido solo las asociaciones de consumidores las que recomiendan un ajuste de las potencias contratadas. En su informe sobre la orden de peajes de agosto, la antigua CNE, aconsejó campañas informativas sobre la elección adecuada de la potencia, así como medidas para “capacitar” al consumidor para elegir la que realmente necesita contratar. También propuso un periodo transitorio para la implantación de la nueva estructura tarifaria y evitar así un aumento de las reclamaciones.
Industria no solo no aceptó ninguna de las recomendaciones del regulador sino que, en febrero, dio una vuelta de tuerca al subir de nuevo la potencia, alegando que favorece a las familias y va “contra las viviendas de la playa”.