Fuente: El Economista
Iberdrola se prepara para la reforma de la tarifa eléctrica regulada (PVPC) que el Gobierno tiene que acometer este próximo octubre. Por ese motivo, la eléctrica ha comenzado a remitir cartas a sus clientes en las que les advierte que puede verse forzada a romper los contratos en el caso de que el departamento que encabeza Teresa Ribera decida lanzar las subastas de energía primaria que aprobó en el Real decreto 17/2021.
La eléctrica asegura que en caso de «obligar coercitivamente a Iberdrola España a vender hasta un 25% de su capacidad de generación en unas subastas privándolo en ese caso de la posibilidad de destinar esa cantidad de electricidad al suministro de sus clientes» tendrán que romper las condiciones vigentes de dichos contratos.
El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a tener lista la reforma del PVPC para este próximo mes de octubre y en el Real decreto 17/2021 ya indicó que el 10% de la ponderación del futuro precio regulado estaría ligada al resultado de estas subastas de las que, por el momento, nadie tiene certeza de su celebración pero si que se esperan para este próximo septiembre.
De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica ha mantenido también a lo largo de esta semana un encuentro con las asociaciones de energías renovables Unef, Appa, Protermosolar, Asociación Empresarial Eólica y Anpier para pedir sus aportaciones en la preparación del plan de contingencia del sector del gas en la que salió este asunto.
En la reunión, el ministerio no quiso entrar en detalles sobre la reforma de la retribución de las energías que se incluyen en el llamado Recore (Renovables y cogeneración) e indicaron que se trataría en septiembre y que las subastas de renovables pendientes, entre las que figuran la que se suspendió el pasado 6 de abril para biomasa y termosolar, podrían celebrarse en octubre.
El Gobierno trasladó a las asociaciones que la garantía de suministro en España es privilegiada y que aunque tras los estudios realizados se considera que no se esperan problemas, la intención del Ejecutivo es «ponernos en modo contingencia» ante la posibilidad de que tuvieran que activarse los mecanismos de solidaridad que ayer presentó la Comisión y que fueron adelantados por elEconomista.es el martes de la semana pasada.
El Ministerio pidió, al igual que ha hecho con otros sectores, que se planteen propuestas para el corto plazo (invierno de 2022-2023) y para los siguientes dos años. Las patronal es trasladaron al Gobierno la necesidad de que las medidas que se adopten para mejorar la disponibilidad de gas tengan un carácter temporal de forma que no afecten al desarrollo renovable, como ha pasado con la taxonomía verde. Sobre los impuestos, el Ministerio trasladó las asociaciones que serán Moncloa y Hacienda los que se encargen de gestionar este asunto sin entrar en detalles.