Fuente: Expansión
Gracias a los diversos convenios rubricados con las administraciones públicas y ONG y al procedimiento puesto en marcha por la propia energética en 2015 para atender a los consumidores vulnerables.
Iberdrola ya protege a casi 7,1 millones de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico o de gas por impago de la factura, el 96,2% de su bolsa total de este tipo de clientes, informaron fuentes de la compañía.
En concreto, el grupo tiene suscritos 29 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG para la protección de estos clientes en: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cantabria, Andalucía y Región de Murcia, por un lado; Bilbao, Castellón, Vitoria, Alicante, Valencia, Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Almassora, Elche, Cáceres, Logroño, Torrevieja, Talavera de la Reina, Gijón y La Unión, por otro; y, finalmente, Cruz Roja de Murcia, Cáritas de Murcia, Cáritas de Plasencia y Cruz Roja de La Rioja.
Además, la empresa mantiene negociaciones en curso con el resto de las comunidades autónomas, numerosos consistorios españoles y ONG de cara a extender dicha protección a la totalidad de sus clientes domésticos en España.
En esta línea, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró recientemente que la compañía es «consciente de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual, y de ahí la firma de acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos en España para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los usuarios económicamente vulnerables».
Esta protección es de aplicación a todos aquellos consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.
Esta apuesta de la compañía en el marco de su compromiso con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, responde a la aprobación y aplicación en 2015, por parte de la compañía, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país, en consonancia con la nueva política general de responsabilidad social corporativa del grupo.
Bono social ligado a la renta
Iberdrola ha defendido desde la creación del bono social, en julio de 2009, que esté ligado a la renta, en línea con la reciente postura hecha bandera también por Endesa a este respecto, ya que es el único indicador capaz de determinar la vulnerabilidad de los clientes.
Asimismo, la eléctrica considera que este bono social debe estar financiado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dado su carácter de ayuda social, y no, como ocurre actualmente, por las eléctricas.
El número de clientes de Iberdrola acogidos al bono social se ha reducido prácticamente un 30% desde enero de 2010, hasta los 878.442. Sin embargo, esta evolución a la baja en el número de beneficiarios se ha producido a pesar del fuerte incremento de beneficiarios entre pensionistas (de 110.425 a 134.076), desempleados (de 25.277 a 90.289) y familias numerosas (de 4.090 a 26.221).
Gran parte de esta disminución se ha debido así a las labores de depuración en el nicho de beneficiarios del bono social concedido en automático en julio de 2009, evitando casos irregulares como un DNI con varios bonos; un DNI con varios suministros, todos primera vivienda o nombres de titulares como comunidad de propietarios, entre otras.