El presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán, se mostró ayer muy crítico con el último paquete reformista en materia energética aprobado por el Gobierno, ya que considera que obliga a un reparto «no equitativo» de medidas para paliar el déficit de tarifa que recae «principalmente sobre los agentes que no han generado el déficit».
Por su parte, el consejero y director general de la eléctrica, José Luis San Pedro, afirmó durante la presentación de resultados a analistas que con el único objetivo de atajar el déficit eléctrico se han tomado medidas con «aspectos puramente de ajuste económico aplicados más por criterios de cobertura legal que por racionalidad».
Asimismo, el directivo del grupo energético de origen vasco denunció que se ha diseñado la reforma sin la «necesaria colaboración» de los expertos del sector y avanzó que, en una primera estimación, la reforma tendrá un impacto en las cuentas de Iberdrola de 170 millones de euros en 2013, sin considerar los ajustes en las renovables, cifra que aumentará en otros 90 millones de euros en 2014.
En esta línea, el presidente de la multinacional española mostró su desacuerdo con las recientes decisiones regulatorias adoptadas por el Ejecutivo por no ser ecuánimes y por recaer «principalmente sobre los agentes que no han generado el déficit». En la explicación de las magnitudes financieras cosechadas por la compañía hasta junio de este año, el máximo responsable del grupo aclaró que desde la creación de la deuda ex ante, Iberdrola ha aportado 5300 millones para reducirlo y que, al cierre del semestre, el déficit de tarifa correspondiente a Iberdrola asciende a 2153 millones.
Asimismo, Galán hizo hincapié en que el cambio normativo pone fin a un «largo periodo de incertidumbre y de regulaciones parciales», pero con un paquete de medidas para eliminar el déficit de tarifa –la diferencia entre el coste y en los ingresos del sistema eléctrico en España- que, a su juicio tiene una serie de «limitaciones». Adicionalmente, adelantó que van a presentar todo tipo de alegaciones y recomendaciones a las distintas medidas para intentar corregir la reforma y advirtió de que, con el «objetivo claro de defender a los accionistas», una vez se tengan confirmadas las medidas y si ven que no son justas y razonables, emprenderán todos los medios jurídicos disponibles para garantizar una «justicia retributiva».
Galán también incidió en sus críticas al elevado pago que se realiza a energías renovables «inmaduras», como la solar, y remarcó que el «principal causante del déficit es el crecimiento exponencial de primas a tecnologías inmaduras que solo aportan el 4 % de la energía y encarecen en 30 % el coste de producción del sistema». A esto añadió que el «impacto de fuerte incremento de tributos» es una de las principales consecuencias de que la compañía, en los seis primeros meses de 2013, tenga un beneficio neto de 1728 millones de euros, lo que supone un 2 % menos que en el mismo periodo anterior. Así como que las nuevas medidas fijan rentabilidades para los negocios regulados son «insuficientes e inferiores» al coste.
Por su parte, San Pedro incidió en los dos aspectos más «negativos» de la normativa aprobada por el Gobierno: la limitación del 50 % de la transferencia de costes regulados de los sistemas extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado (900 millones de euros) y la falta de una guía de una política energética. En este sentido, el director general de Iberdrola dijo tajantemente que el responsable «fundamental» de este déficit es el Gobierno, y, sin embargo, su aportación es «muy inferior» a las consecuencias derivadas de la «mala política del pasado».
San Pedro denunció que con la limitación a la distribución, el Gobierno busca que «no se invierta en los próximos seis años» porque «no se encuentra razones» de que se aplique en España la «mínima remuneración» a los capitales empleados. Si bien advirtió que «paralizar la actividad de distribución durante tanto tiempo puede tener consecuencias nefastas en el país, que requerirá mucho tiempo para que de nuevo puedan normalizarse», lo cual también va a «incidir negativamente en los fabricantes españoles de equipos y servicios».
Pagos por capacidad y bono social
Respecto a la reducción de los pagos por capacidad, San Pedro indicó que la medida «va en contra» de lo que están adoptando otros países, y que afectará a Iberdrola en 40 millones de euros en 2013 y 50 millones más en 2014. En cuanto a los cambios en la regulación del bono social, dijo que se adoptan medidas «insuficientemente justificadas» y que el cambio tendrá un impacto de 15 millones para Iberdrola en 2013 y de otros 40 millones de euros en 2014.
Respecto a la política de reparto de dividendo, el presidente de Iberdrola afirmó que «todo hace confiar en la capacidad de la compañía para seguir manteniendo su política de retribución al accionista al cierre del ejercicio». Si bien dejó claro que hasta el mes de octubre, aproximadamente, no se decidirá sobre el asunto a la espera de que se tenga «claridad de los impactos».