Fuente: Expansión
Enresa, la empresa estatal encargada del desguace, no tiene suficiente dinero, y el Gobierno debe decidir si la factura extra la pagan solo las empresas o también el usuario.
Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, las empresas propietarias de las centrales nucleares que siguen operativas en España, deberán hacer frente a una factura extra de algo más de 4.000 millones de euros para abordar el desguace de estas instalaciones. Además, los usuarios también deberían contribuir, vía recibo eléctrico, con otros mil millones adicionales. En total, más de 5.000 millones.
Así se desprende del último informe de la sociedad estatal Enresa, publicado hace apenas unos días, en plenas vacaciones, y de los datos adicionales que se pueden extraer del último informe del Tribunal de Cuentas, publicado también en verano. En este informe, una vez más, el órgano fiscalizador pone al descubierto el multimillonario agujero que existe en estos momentos para abordar el desguace de las centrales atómicas en España.
El informe de Enresa, la empresa estatal que gestiona los residuos nucleares y cierre y desmantelamiento de instalaciones atómicas, fija definitivamente en 14.113 millones de euros el coste del desguace integral de las nucleares, un proceso que se extenderá hasta el año 2070.
Traducida a valor actual (es decir, como si se tuviera que pagar todo de golpe hoy mismo), esa cantidad sería equivalente a 9.708 millones de euros.
Desguace y otros costes
Además del desguace, habría que hacer frente a otros costes. Sobre todo, el tratamiento de los residuos. En total, la factura de todo el apagón nuclear y la gestión de los residuos se elevaría a 15.449 millones de euros (10.697 millones a valor actual).
El último informe de Enresa es especialmente relevante en estos momentos. Antes del verano, las eléctricas, junto al Gobierno, llegaron a un gran pacto nuclear para el cierre ordenado de las centrales entre 2027 y 2035. Quedó por fijar, sin embargo, la factura exacta del desguace, y las cuotas extra que tendrían que pagar los propietarios para atenderlo, porque entonces solo había algo claro. El último informe de Enresa es la base ahora para establecer la factura exacta del desguace. Falta determinar cómo cubrirla en su totalidad.
Enresa no tiene en estos momentos suficiente capacidad financiera para afrontar el apagón nuclear. Desde hace años, esta empresa gestiona un fondo, a modo de hucha, para pagar el desmantelamiento, y también los residuos generados. Ese fondo se nutre de las tasas que pagan las eléctricas por la electricidad producida vía nucleares, y por recargos en la factura eléctrica que costean los usuarios.
Según el último informe de Enresa, el fondo solo tiene 5.674 millones de euros en estos momentos. Es evidente que este remanente es insuficiente para pagar tanto el desguace nuclear como la gestión de los residuos. Faltarían más de 5.000 millones.
El acuerdo no concretó cómo cubrir los costes extra. Y sobre todo: quién tiene que pagar qué. ¿Las eléctricas? ¿Los usuarios? ¿Ambos? Si es así, ¿en qué proporción. Si el fondo se usa en su totalidad para desmantelamiento de las nucleares, las eléctricas deberían pagar un extra de algo más de 4.000 millones de euros. Pero en paralelo, los usuarios deberían asumir una factura adicional de unos mil millones de euros.
Según datos que desvela el Tribunal de Cuentas, pero que no se recogen en el informe de Enresa, de los 5.674 millones que hay en su hucha, más de 500 millones de euros ya lo han aportado los usuarios a través de la tarifa eléctrica, de manera que, según el Tribunal de Cuentas, a estos les correspondería hacer frente a un pago extra sólo de otros 400 millones o 500 millones, pero no de mil millones.
Es el factor usuario, extremadamente sensible en España al precio de la luz, lo que complica todo el proceso de apagón nuclear.
Técnicamente, el fondo se nutre en estos momentos con la tasa de 0,669 euros por megavatio que pagan las eléctricas por su producción nuclear y con un 0,001% de los peajes eléctricos que pagan los usuarios a través del recibo.
El acuerdo firmado en primavera entre el Gobierno y las eléctricas para proceder al apagón ordenado de las nucleares dejaba a Enresa fijar a las compañías una nueva tasa más elevada para cubrir el desguace, siempre que el incremento no excediese el 20%.
Pero el acuerdo no mencionaba cómo le impactaría al usuario en la factura. Además, desoía los informes que lleva haciendo el Tribunal de Cuentas sobre el agujero existente.
En el último informe, se explica que según diversas simulaciones que había hecho la propia Enresa, se necesitaría subir la tasa a las compañías más del 70%.
Escollo político
Fijar esta tasa, y clarificar si el usuario va a tener que asumir un coste extra en su factura eléctrica es el último escollo que queda por resolver en ese proceso, pero se está retrasando, sobre todo por las interferencias políticas. El acuerdo se adoptó antes de las elecciones generales. El Gobierno del PSOE, que formó el pacto nuclear, está ahora en funciones. Aunque ganó las últimas elecciones, no logró mayoría, y no está claro si logrará formar Gobierno o, por el contrario, España deberá abordar un segundo proceso electoral.