La eólica advierte de que las renovables deberán financiar en mayor medida este servicio debido a su menor firmeza.
Iberdrola, EDP España a través de Hidroeléctrica del Cantábrico, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y Acciona han presentado por separado recursos ante el Tribunal Supremo en contra de la nueva regulación de la interrumpibilidad.
El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores de luz a cambio de detener su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico. Su coste para para la tarifa, de unos 750 millones anuales, quedará reducido a unos 500 millones como parte de la reforma energética. Como parte de esta reforma, el Ministerio de Industria ha aprobado la orden ministerial 346/2014, por la que se regula el nuevo mecanismo competitivo de subastas entre grandes consumidores para poder disfrutar de los incentivos a cambio del servicio de interrumpibilidad.
El nuevo mecanismo ya está siendo contestado en los tribunales por los grandes consumidores, categoría en la que se inscriben las empresas cementeras de Oficemen y otras que ya han recurrido la norma, como Megasa Siderúrgica y Siderurgia Sevillana. En el caso de los productores de renovables, la AEE ha advertido de que el nuevo mecanismo de interrumpibilidad obliga a financiar el coste de este servicio a los distintos operadores eléctricos, en función de su firmeza. Las energías renovables, al estar sometidas a mayor variabilidad debido a que dependen de la disponibilidad de recursos naturales como el viento, deberán de esta forma realizar un mayor esfuerzo de financiación.
El nuevo servicio de interrumpibilidad debe ser financiado al 50% por los agentes del sistema, en función de sus desvíos, y al 50% con los consumidores de electricidad. La eólica calcula que, si se partiese de un coste como los 750 millones anuales de 2013, la interrumbilidad obligaría a este sector a dedicar 100 millones de euros a su financiación.