Fuente: Cinco Días
El próximo 31 de marzo expira el plazo para que Endesa e Iberdrola soliciten la renovación de la licencia de funcionamiento de las centrales de Ascó I y Cofrentes, en las que cada una tiene el 100% de la propiedad, así como la de Ascó II, que comparten en un 85% y un 15%, respectivamente.
En una de las asambleas de esta última central (las nucleares españolas están constituidas como agrupaciones de interés económico o AIE, en las que todas las decisiones se deben adoptar por unanimidad) Iberdrola ya ha planteado a Endesa sus reticencias a cursar dicha solicitud, según fuentes del sector. El motivo: el reciente anuncio de la Generalitat de Cataluña de establecer una tasa medioambiental que afectaría a las centrales nucleares; a los ciclos combinados y a las redes eléctricas (de transporte y distribución) y telefónicas ubicadas en su territorio. El tributo supondría gravar la producción nuclear en unos 120 millones de euros anuales.
Fuentes cercanas a Iberdrola reconocen “la inquietud” que el anuncio de esta medida, independientemente de que pueda prosperar o no, ha generado en la compañía. Y es que una nueva tasa “pondría en riesgo, aún más, la viabilidad económica de las nucleares”. La situación económica de las plantas atómicas –añaden las mismas fuentes- ya se pusieron en evidencia en las negociaciones para el acuerdo de cierre, cuando se presentaron todos los datos”.
La posibilidad de que Iberdrola se niegue a solicitar la renovación de la licencia de Ascó II, que ataría también a Endesa, pondría en cuestión o en total revisión el acuerdo que con gran esfuerzo firmaron el año pasado las tres grandes eléctricas propietarias de nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy y, en menor medida, EDP España) con Enresa y bajo los auspicios de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Un protocolo que incluía un calendario ordenado de cierre, que se inicia en 2027 con la primera clausura, la de Almaraz I, y termina en 2035 con las de Vandellós y Trillo, y contemplaba una subida de hasta el 20% de la tasa de Enresa para la gestión de residuos y el desmantelamiento de las plantas. De hecho, dicho incremento (concretamente, el 19,3%, que permitirá engrosar 3.000 millones el fondo de Enresa, hasta alcanzar los 15.000 millones) se aprobó una orden ministerial que entró en vigor el 1 de enero.
En Iberdrola reconocen, según las fuentes antes citadas, que, aunque la ecotasa catalana solo afectaría a Ascó I y II y Vandellós, “cambiaría las bases en las que se fundamenta el protocolo de cierre de todo el parque, sus condiciones económicas y el calendario”. Por su parte, Endesa, siempre más partidaria de ampliar la vida de las nucleares, sigue dispuesta pese a todo a solicitar la renovación de las licencias
Conflicto
A mediados de diciembre, la Generalitat anunció su intención de aplicar un nuevo impuesto con el que pretende ingresar 543 millones de euros para paliar el deterioro de distintas actividades energéticas en el medio ambiente, del que quedarían excluidos el autoconsumo y las renovables (excepto la hidráulica), además de las redes.
El impuesto, que gravaría “la infraestructura, transformación y transporte eléctricos” afectaría a las dos grandes empresas del sector (a Endesa muy especialmente, por ser la principal distribuidora eléctrica de Cataluña), Naturgy y REE.
Se trata de una copia del impuesto que en su día impuso a las energéticas la Junta de Extremadura y que el Gobierno recurrió por inconstitucional y ganó parcialmente (Endesa e Iberdrola mantienen su propio recurso). El hecho de que la tasa extremeña siga vigente en parte (el gobierno regional recauda 83 millones anuales por ella) y pueda servir de ejemplo para Cataluña, preocupa a Iberdrola. Según declaró el Govern, a través de su vicepresidente, Pere Aragonés, la intención es incluir la nueva figura impositiva y su recaudación en los Presupuestos catalanes de 2020.
¿Un protocolo con pies de barro?
A finales de marzo del año pasado, en el plazo límite en que las propietarias de Almaraz I (Endesae Iberdrola) tenían que solicitar la renovación de la licencia de la central extremeña, las grandes eléctricas sellaron un pacto con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para el cierre ordenado de las ocho nucleares españolas.
El primer cierre se programó para 2027 (Almaraz I) y el último en 2035 (Vandellós y Trillo) y el resto entre 2028 y 2033. El acuerdo fue dirigido por la ministra para la Transición Ecológica (hoy, vicepresidenta cuarta), Teresa Ribera, cuyo departamento fijó los plazos en función de las necesidades de producción durante los años de transición energética, hasta 2030.
Frente a los deseos de Iberdrola y Naturgy, que reclamaban que las plantas no funcionasen más allá de los 40 años, y los de Endesa, proclive a llegar a los 50 años, el ministerio planteó un a media de 45,5 años de vida efectiva. El acuerdo, que no es vinculante ni fue firmado por el Gobierno, es de difícil incumplimiento por la dificultad de poner de acuerdo a las compañías, que comparten la propiedad de casi tdas las plantas y deben adoptar las decisiones por unanimidad.