Fuente: Cinco Días
El próximo 31 de marzo termina el plazo para que los propietarios del primer grupo nuclear de Almaraz soliciten al Ministerio de Transición Ecológica la autorización para prorrogar la licencia de explotación de la planta, que cumple los 40 años de vida útil en 2023 Las tres grandes eléctricas, propietarias de la misma, lograron del anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, un año más de gracia para meditar y, en su caso, pedir dicha autorización.
A ocho meses de que se cumpla ese plazo, las espadas están en alto: Iberdrola (con un 53% del capital de la central cacereña) y Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, (con un 11%) son partidarias de solicitar la prórroga solo hasta la fecha en que cumplirá los 40 años. En tanto Endesa (con un 36% del capital), está decidida a pedirla hasta que la planta siga funcionando hasta los 50 años (esto es, hasta 2033).
Almaraz I, como el resto de instalaciones nucleares participadas por más de una compañía, está en manos de una Agrupación de Interés Económico (AIE), a la que también pertenecen Almaraz II (con el mismo accionariado que su grupo gemelo) y Trillo, cuya propiedad se reparten Iberdrola (con un 48%), Naturgy (34,5%) EDP España (15,5%) y Nuclenor (2%).
Aunque la gestión corresponde a uno de los socios (Iberdrola, en el caso de Almaraz I), el problema es que en este tipo de sociedades mercantiles las decisiones se deben tomar por unanimidad. Por tanto, dadas las discrepancias manifiestas entre las grandes eléctricas, Almaraz amenaza con convertirse en un campo de batalla similar al de Santa María de Garoña, la polémica central burgalesa que Iberdrola y Endesa (propietarias a través de Nuclenor) utilizaron como moneda de cambio frente a distintos Gobiernos y que se encuentra ya en fase de desmantelamiento.
Durante la presentación de sus respectivos resultados semestrales, los máximos ejecutivos de Endesa e Iberdrola dejaron muy claro la semana pasada cuáles son sus posiciones al respecto. El consejero delegado de la primera, José Bogas, consideró “imposible” el cierre de todo parque nuclear a los 40 años (la última cerraría en 2028), pues ello acarrearía problemas de suministro energético para España e incrementos de los precios eléctricos.
Por el contrario, al día siguiente, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, apoyaba abiertamente el apagón nuclear y pidió objetivos de renovables más ambiciosos. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, había asegurado durante la junta general de la compañía a finales de junio que solo invertirá en las centrales térmicas (carbón y nucleares) que reporten rentabilidad a la compañía
Como es sabido, las posiciones de cada empresa están directamente relacionadas con la rentabilidad que les proporcionan sus activos nucleares y con los plazos de amortización. Así, Iberdrola, que en 2012 procedió a una revalorización contable de estos activos en un 40%, lo que le proporcionó importantes beneficios fiscales, mantiene la amortización de los mismos en 40 años.
Otro tanto ocurre con Naturgy, con poca presencia nuclear, y a la que no se ha permitido ni gestionar la única central en la que tiene una participación relativamente importante, la de Trillo. Precisamente, esta energética ha procedido a una devaluación de activos por 4.905 millones de euros, de los cuales, 3.929 millones corresponden a sus centrales de generación en España, si bien, no ha especificado dicho deterioro ni por tecnologías ni por instalaciones.
En el otro extremo, con la posición más pronuclear, se encuentra Endesa, filial del grupo italiano Enel, que no ha actualizado el valor contable de sus participaciones nucleares y las amortiza a 50 años. Ello le permite ganar dinero con ellas (o no prder), frente a las pérdidas que denuncian sus competidores y socios. Por lo tanto, un cierre anticipado le perjudicaría.
A primera vista, Endesa tendría en contra a la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dispuesta a cumplir con el compromiso electoral del PSOE de cerrar las nucleares españolas a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida tecnológica.
No obstante, ateniéndose a las palabras que pronunció en su primera comparecencia en el Congreso, en Endesa entienden que su posición no es tan tajante y que condiciona el apagón nuclear a la situación de los fondos de Enresa para gestionar y desmantelar las centrales. La ministra se mostró partidaria de analizar qué supondrá el proceso de cierre de las nucleares desde el punto de vista de los costes financieros, la gestión de los residuos y “de las necesidades técnicas y de ingenieros”.
La ministra consideró urgente la elaboración de un Plan Nacional de Residuos Radiactivos (el último es de 2006) y conocer “cuántos residuos generamos y cuánto cuesta gestionarlos”. Y calificó de “simplista” pensar que se puede hacer una estimación razonable de qué costes tiene mantener, cerrar o adelantar las centrales.
Los máximos ejecutivos de Endesa, Iberdrola y Naturgy han mantenido reuniones por separado con la ministra, aunque, según distintas fuentes, tampoco en ellas se abordaron cuestiones tan concretas como el cierre o la supervivencia de Almaraz.
Por el momento, Endesa, que, en cualquier caso, insiste en que respetará cualquier decisión del Gobierno al respecto, cuenta con el antecedente de Garoña, a la que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) autorizó a funcionar muchos más allá de los 40 años, si bien, con la condición de realizar importantes inversiones.
Las eléctricas podrían pedir en principio una prórroga hasta los 50 años, meditarlo despacio y, como tienen la última palabra, cerrarla o no después. El problema es que, como en el caso de la central burgalesa, a más años, el CSN impondría mas inversiones. Algo que ni Iberdrola ni Naturgy parecen dispuestas a asumir. “En el escenario de rentabilidad actual, las centrales no se puedes sostener más allá de los 40”, indican en Iberdrola.
Fernández Vara se opondrá al cierre de la central extremeña
Aunque el programa electoral del PSOE deja claro el cierre de las nucleares a medida que cumplan los 40 años, y pese a que el frente ecologista del partido ha adquirido gran peso en el Gobierno, este se va a encontrar con importantes frentes entre los barones regionales. Así, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya ha dejado patente en distintos círculos que no permitirá el cierre de Almaraz sin que medien alternativas que compensen económicamente por su cierre a la comarca. A la clausura del primer grupo, que cumple los 40 años en 2023, le seguiría inevitablemente el de Almaraz II un año después. En el caso del carbón, el presidente Pedro Sánchez se las verá con los socialistas asturianos.
En todo caso, las empresas, especialmente las partidarias del cierre de centrales, se han librado de la espada de damocles del exministro de Energía, Álvaro Nadal, que dedicó buena parte de su mandato a intentar endurecer las condiciones para su clausura. Nadal mantuvo una dura pugna con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, partidario de cerrar el carbón y las nucleares, aunque, por el momento, para Almaraz está dispuesto a llegar a los 40 años. El pulso llegó a tal extremo que el exministro planteó que fuese obligatorio solicitar la prórroga de la explotación de unas centrales ya envejecidas. Una potestad que lógicamente tienen las propitarias. Queda por ver si cuando la vida de Almaraz toque a su fin, la decisión final esté en manos de este Gobierno.