Los planes de Portugal para equilibrar los costes de su sistema eléctrico son más «creíbles» que los anunciados en España, según un informe de la agencia de calificación de riesgo Fitch.
La agencia señala que los planes portugueses para atajar su déficit tarifario, un desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, van acompañados de una agenda detallada y un proceso de supervisión y se ven beneficiados de la independencia de la regulación.
Unos elementos, añade Fitch, que están ausentes, o menos desarrollados, en el plan de trabajo de España.
El Gobierno anunció el pasado 12 de julio un paquete de medidas para reformar el sistema eléctrico español y atajar el déficit de tarifa, una deuda que supera los 26.000 millones de euros, lo que equivale al 2,6 % del PIB.
En Portugal, el déficit equivale al 1,7 % del PIB y su reforma, seguida trimestralmente por la «troika», busca eliminarlo en 2020.
La agencia -que reconoce que la volatilidad de la demanda eléctrica ha influido en este problema en ambos países- destaca que en España la falta de independencia de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha complicado más la situación al dificultar que los costes se mantuvieran bajo control.
En este sentido, Ficth espera que la creación de un nuevo y mayor organismo, en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), conlleve «una verdadera independencia reguladora».
No obstante, la agencia confía en que las medidas sirvan para controlar el déficit de tarifa español, aunque esperará a finales de este año para evaluar los primeros impactos.
Los mercados de la electricidad en Portugal y España pueden ser «sostenibles» en el largo plazo, pero depende de varios factores como la evolución del consumo eléctrico y los costes de las fuentes de generación, resume Ficth, que advierte que si la crisis sigue lastrando la demanda los objetivos de estas reformas deberán revisarse.
Nuevas presiones sobre la factura de luz
Fitch advierte de que la factura de la luz y la sostenibilidad del sistema eléctrico pueden verse sometidas a nuevas presiones relacionadas con la «anémica» demanda y por la necesidades de refinanciación de parte de la deuda del sector a través del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE).
La agencia de calificación realiza estas consideraciones en un informe en el que compara el déficit de tarifa español con el portugués y en el que concluye que el desajuste eléctrico es menos problemático en el país vecino, a la vista de que solo equivale al 45% de los ingresos del sistema y a 2.800 millones, mientras en España supone el 83% de los ingresos y acumula 26.100 millones.
Al analizar la situación española y la reciente reforma energética, Fitch considera que las medidas están expuestas a «volatilidad», no solo por posibles caídas de demanda, sino también porque «el regulador no ha demostrado en los últimos años su capacidad para hacer valer sus decisiones técnicas para asegurar que los costes del sistema estén firmemente controlados».
Además, la puesta en práctica de «medidas retroactivas» como parte de la reforma y, en concreto, de los nuevos esquemas de retribución a las actividades reguladas puede suponer una señal «no amistosa para los inversores» y conducir a «disputas legales».
La nueva remuneración del régimen especial reducirá considerablemente los sobrecostes del sistema eléctrico, pero «la naturaleza retroactiva de estas medidas genera incertidumbres legales que pueden provocar daños colaterales», entre ellos los de «disuadir a los nuevos inversores en un momento en el que se deben promocionar los negocios medioambientales», señala.
“Muro de la refinanciación”
En cuanto a la financiación del déficit de tarifa, advierte de que el coste medio de la deuda eléctrica es del 4,7%. «Estos altos costes financieros añaden presión sobre los desequilibrios del sistema», asegura, antes de recordar que aún es necesario colocar en los mercados más de 4.000 millones relacionados con el exceso de déficit de 2012.
Fitch pronostica nuevas emisiones del FADE, pero también advierte del «muro de refinanciación» en caso de que las condiciones de mercado empeoren. La deuda viva asciende a unos 20.800 millones, y dentro de una semana, el 17 de septiembre, se producirán los primeros vencimientos, por valor de 2.000 millones. Para 2014, los vencimientos ascienden a 2.700 millones, mientras que en 2015 ascienden a 4.600 millones.