En un reciente informe hecho público por los profesionales de la agencia de calificación crediticia Fitch, se recogen una serie de pronósticos que no suponen buenas noticias para los consumidores eléctricos. En este sentido, el documento explica que «en última instancia», el consumidor eléctrico «deberá pagar por la mayor contribución de las renovables al mix de generación» español, más aún cuando «los cambios regulatorios no responden suficientemente» a la contención de este coste.
El documento elaborado por los expertos de la agencia también alude a los «nubarrones» que sufren en la actualidad tanto las tecnologías solares -fotovoltaica y termosolar- como el conjunto de las inversiones en renovables en España. De hecho, estiman que los últimos recortes aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 1 de febrero tendrán, al menos, cuatro implicaciones negativas: un futuro incierto para los nuevos proyectos renovables, litigios legales contra el Gobierno, un deterioro de las condiciones de inversión del país y un aumento de los riesgos asociados a la actividad regulada.
Así las cosas, los analistas de la entidad especializada en medición de riesgos alertan de que «la naturaleza retroactiva» de los últimos cambios aprobados por el Ejecutivo en la normativa renovable «podría disuadir a los inversores extranjeros» de emprender proyectos en España.
A juicio de los profesionales de Fitch, la última modificación normativa es disuasoria porque «debilita el entorno regulatorio», de manera que los inversores pueden estar «preocupados sobre el potencial de nuevos cambios retroactivos». Asimismo, consideran que estos cambios impactarán «principalmente en los pequeños generadores especialistas de electricidad y en los inversores individuales», ya que las grandes eléctricas tienen una exposición «relativamente limitada» a las renovables.
Así, aunque la reforma «dañará el ingreso por distribución» de las grandes eléctricas, estas se verán beneficiadas porque la reforma ayudará a detener la generación de déficit de tarifa.
Cabe recordar que las últimas modificaciones regulatorias afectan al método de actualización de la retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico, que pasa de ponerse al día en función del IPC a hacerlo según «el IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos”, señala el Ministerio de Industria. «La medida supondrá un ahorro estimado de unos 337 millones de euros anuales» y evitará que «estas actualizaciones tengan en cuenta elementos que no tienen nada que ver con el sistema eléctrico, como pueden ser el incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados».
Además, también se estableció que los productores del régimen especial (renovables, cogeneración y gestión de residuos) recibieran por su generación una tarifa fija o el precio de mercado, con lo que se excluye la posibilidad de percibir una prima adicional y de cambiar de una opción a otra en función de la cotización.
No todos los aspectos referidos en el informe de Fitch son negativos. De hecho, se subraya tanto la contención que previsiblemente se producirá en el incremento del déficit de tarifa como consecuencia de las medidas puestas en marcha como la existencia de un crédito por 2.200 millones que permitirá frenar las desviaciones en el sistema eléctrico.
Desde el prisma de los analistas, la industria renovable se desarrolló en un periodo muy corto de tiempo en España y dio origen a una «burbuja», en parte, por una inadecuada planificación de aspectos como la previsión de demanda eléctrica.