El Ministerio de Industria introducirá modificaciones en el Real Decreto sobre energías renovables anunciado en verano para protegerse de un previsible aluvión de recursos judiciales, dijeron cuatro fuentes del sector a Reuters.
Estos cambios van a provocar un retraso hasta el primer trimestre del año próximo en la aprobación de una normativa crucial que tiene en vilo a decenas de miles de pequeños inversores y a grandes corporaciones con interés en un sector que ha sido referencia mundial en energías renovables.
«Van a modificar el Real Decreto de renovables, pero de manera cosmética (… ) Cuando la CNE, la CNC y el Consejo de Estado criticaron en informes, aunque fueran no vinculantes, la ley de renovables, fue un golpe duro para el Ministerio porque eso da armas a los posibles litigios contra el Gobierno», dijo una fuente con conocimiento de la negociación.
Si el departamento del ministro José Manuel Soria cambia la redacción del decreto de renovables, éste tendrá que volver a pasar el filtro no vinculante de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC), que alberga ahora a la antigua CNE. El anterior decreto cosechó críticas tanto por la CNE como por parte del Consejo de Estado, que mostró inquietud por la retroactividad de ciertas medidas.
Se prevé que la CNMC, al frente de cuya división de energía está Fernando Hernández Jiménez-Casquet – que ha sido asesor en Industria del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal-, sea más indulgente respecto a la norma.
Otras dos fuentes dijeron que la norma iba a sufrir retrasos mientras que el ministerio de Industria no respondió a preguntas de Reuters al respecto.
Además de las motivaciones jurídicas, detrás del retraso estarían las grandes dificultades que están encontrando las auditoras Roland Berger y Boston Consulting, con un encargo del Gobierno para ayudar a fijar la remuneración de las distintas instalaciones verdes.
El propio grupo parlamentario Popular ha introducido una enmienda a la norma ampliando la prohibición a estas dos consultoras para contratar con empresas del sector y participar en acciones legales contra el Gobierno.
«Las referidas empresas adjudicatarias, así como las restantes empresas del mismo grupo a que pertenezcan, no podrán intervenir en cualesquiera litigios que se sustancien contra la Administración General del Estado, sus organismos o entes públicos al servicio de las restantes partes litigantes», reza la enmienda.
Más enmiendas a la controvertida reforma eléctrica
La criticada reforma del sector eléctrico podría sufrir más modificaciones antes de su visto bueno definitivo por al Congreso de los Diputados, indicaron el lunes fuentes conocedoras del proceso de tramitación parlamentaria.
Tras rechazar la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a la nueva Ley del Sector Eléctrico, el Gobernante Partido Popular busca pactar con algún grupo político la presentación de modificaciones a la norma que le permitan un cierto consenso inexistente hasta ahora.
El nuevo grupo de leyes, que quieren acabar con el déficit de tarifa de más de 26.000 millones de euros por la diferencia entre los costes e ingresos regulados, ha encontrado el rechazo incluso de regiones gobernadas por el propio Partido Popular, como Extremadura o Murcia.
Este mismo lunes el Tribunal Constitucional dijo que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra las medidas urgentes aprobadas el pasado febrero, tras aceptar previamente recursos de la Comunidad de Navarra o el grupo Parlamentario Socialista.
El Constitucional ha trasladado la demanda al Congreso, al Senado y al Gobierno, que tienen quince días para formular alegaciones.
También el lunes, la asociación de pequeños productores fotovoltaicos Anpier comunicó que un tribunal administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda ha paralizado provisionalmente el procedimiento de contratación de Roland Berger y Boston Consulting por no estar debidamente publicitado.
Incertidumbre complica el cierre del año fiscal
La tardanza en la aprobación del decreto podría condicionar el cierre de la contabilidad anual de las empresas del sector renovable, que tienen instalaciones que están produciendo sin saber lo que les van a pagar, dijeron varias de las fuentes consultadas.
«Un efecto inmediato sobre las empresas si la regulación no entra en vigor este año, es que ninguna compañía con activos renovables podrá cerrar sus cuentas de 2013, porque no sabemos lo que ganamos con nuestra producción de energía renovable desde la abolición del régimen de primas», dijo la primera fuente.
Con el Real Decreto central de la reforma eléctrica que entró en vigor en julio, Industria suprimió el sistema anterior que subvencionaba las energías verdes y avanzó que el nuevo modelo retributivo estaría basado en la evolución del bono del Tesoro español y en función de la vida útil del proyecto.
El plazo para presentar las cuentas anuales de compañías cotizadas concluye a mediados de marzo de 2013.