Fuente: El Economista
El Gobierno de España ha informado a la Comisión Europea (CE) de que promoverá cambios en la legislación sobre el establecimiento de los precios de los peajes de la electricidad para evitar así una sanción de Bruselas sobre las tarifas de la luz.
En una misiva que el ministro español de Energía, Álvaro Nadal, envió el pasado noviembre al comisario europeo del ramo, Miguel Arias Cañete, el Ejecutivo español se compromete a legislar para devolver a la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) atribuciones en la fijación del precio de los peajes de la electricidad.
La portavoz de la CE Anna-Kaisa Itkonen confirmó hoy en rueda de prensa que España ha enviado esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción y señaló que el ejecutivo comunitario se pronunciará oficialmente sobre el asunto cuando termine de analizarlo.
«Como parte del procedimiento de infracción en curso (…) el Estado miembro (…) tiene que contestar a la Comisión qué es lo que van a hacer para colocar la legislación (nacional) en línea con la legislación europea», comentó.
Fuentes ministeriales españolas explicaron a Efe que «el Gobierno español está en línea con lo que pide la Comisión y se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que Madrid ha pedido «tiempo a Europa para adaptar lo que pide la Comisión a la legislación española».
El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que en la actualidad, esa comisión valida la metodología y el Gobierno fija las tarifas de peaje, que suponen más de un tercio de la factura.
Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35 % del recibo de los 12 millones de hogares acogidos a tarifa regulada, mientras que el 65 % restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año.
El nuevo modelo propuesto a Bruselas buscará que la CNMC proponga un esquema, que el Ejecutivo establezca los precios y que estos sean aprobados por el regulador.
En la misiva de 10 páginas, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás.
No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección.
Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por Bruselas en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Tras un primer aviso en febrero de 2015, el pasado 29 de septiembre, la CE pidió a España, por segunda vez, que adapte adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referirá el caso al TJUE.
En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».
La Comisión agregaba, además, que España ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional».
Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Nadal se reunió en Madrid con el comisario Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.
En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno español y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier.
Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía.
Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.