Editorial El Economista
La generosidad de los distintos gobiernos españoles con las energías renovables no ha tenido parangón en Europa. De hecho, tomando como referencia 2010, el último año del que se disponen datos consolidados por Eurostat, España destinó 5.371 millones a financiar este tipo de energías, el equivalente al 0,51 por ciento del PIB y el doble de la media europea que se destina a este fin. Un disparate que provoca que las subvenciones a las renovables sumaran el año pasado 9.000 millones y que este puedan alcanzar el 1 por ciento del PIB.
El principal problema se concentra en los incentivos a la energía solar que con una rentabilidad asegurada a 25 años ha hecho proliferar huertos solares por toda España sin tener en cuenta ni su necesidad ni su eficacia. Esta política ha incrementado el recibo de la luz —en el que se incluye el coste de las renovables— y el déficit de tarifa. Bruselas ha advertido al Gobierno en repetidas ocasiones de la imperiosa necesidad de tomar medidas para taponar el agujero eléctrico, que se ha convertido en un problema de primer orden porque hasta hace un año no se adoptaron las primeras medidas para controlarlo.
Actuaciones aún insuficientes para un modelo de incentivos cuestionado por el Banco Mundial que critica el elevado coste del modelo en relación con la eficiencia de las primas. Ciertamente tenemos un modelo caro y es preciso diseñar uno nuevo que defina el mix energético por el que apostamos. Se trata de una decisión política de gran trascendencia que el Gobierno debe diseñar y explicar a los ciudadanos, porque influye en el equilibrio presupuestario, en nuestra balanza de pagos y en el precio que las empresas y los consumidores pagan por la energía.