FUENTE: Pedro Linares, José Carlos Romero, y Xavier Labandeira en El Periódico de la Energía
Estos últimos días se acumulan muchas noticias sobre pobreza y distribución de la renta en los medios de nuestro país, lo que sin duda refleja la creciente preocupación de las sociedades avanzadas por la negativa evolución de estas cuestiones desde el comienzo de la gran recesión. En particular, se está hablando mucho de pobreza energética: está en los programas electorales de algunos partidos y en los resultados de encuestas del INE o de asociaciones de consumidores. También recientemente en las páginas de este diario. Y no se trata de algo nuevo porque ya hace años que la Asociación de Ciencias Ambientales abordó esta cuestión en España, ofreciendo índices devastadores sobre la extensión de la pobreza energética y generando así un importante debate socioeconómico sobre el asunto.
El problema es que, desde nuestra perspectiva, buena parte de este debate se ha realizado hasta ahora sin terminar de tener claro de qué estábamos hablando. El indicador más utilizado, que señala en torno a un 18% de hogares españoles en situación de pobreza energética, incorpora aquellas familias que dedican más de un 10% de su renta al gasto energético (el gasto medio de los hogares en energía es del 6% del total). ¿Realmente deben considerarse pobres en materia energética estos hogares, independientemente de su renta? Nosotros pensamos que no porque hay hogares, tal y como puede observarse en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, con una renta elevada y que, sin embargo, dedican más de un 10% a consumo energético. ¿Realmente tenemos que considerar a estos hogares ricos “pobres energéticos”? En el fondo, este hecho nos debe hacer reflexionar sobre otra cuestión de mayor alcance: ¿es la pobreza energética realmente un problema en sí misma o es más bien un componente de la pobreza general?
Para ello, desde Economics for Energy, un centro de investigación privado patrocinado por empresas, fundaciones y universidades, hemos estado trabajando durante el último año para tratar de, en primer lugar, identificar el problema y su extensión y, en segundo lugar, plantear medidas para afrontarlo. Los resultados de nuestro informe anual indican que el problema existe en una cuantía similar a la de otros países europeos de nuestro entorno. Utilizando indicadores que miden la dificultad de afrontar el gasto energético dada la renta (y no indicadores de gasto energético como el del 10%), obtenemos un 9,8% de hogares en pobreza energética en España en 2013. En 2011, en Alemania contaban con un 8,8%, mientras que en Italia eran un 8,4% (en 2011 España contaba con un 7,6% de hogares en esa situación, con lo que es evidente el efecto de la crisis económica sobre el indicador). En Francia y Reino Unido la situación también es similar.
Hay que señalar a este respecto que, por supuesto, los números obtenidos dependen en gran medida de la renta mínima que se considere. En nuestro caso, y de forma similar a lo que se había planteado en otros países, escogimos la media ponderada por población de las rentas mínimas de inserción presentes en las comunidades autónomas de nuestro país, que resultó estar en torno a 415 €. Si en lugar de este valor hubiésemos elegido otra referencia, como por ejemplo la que sugiere Cáritas del 85% del salario mínimo interprofesional, la renta mínima de inserción se habría elevado hasta los 550 € y con ella el indicador de pobreza energética habría alcanzado el 16 %.
Como vemos, en este caso la cifra sí estaría más cercana a ese famoso 18% obtenido con el indicador del 10%. Pero también hay que subrayar que, si se acerca, es por casualidad: estos dos indicadores miden cosas muy distintas, en nuestro caso la dificultad de afrontar el gasto energético, y en el del otro indicador un gasto relativo elevado en energía. Por tanto, las discusiones y comparaciones no deberían hacerse sobre el número final obtenido, sino sobre las ventajas e inconvenientes de la metodología escogida.
El segundo resultado interesante del informe es que el factor fundamental que explica que los hogares se encuentren en situación de pobreza energética es la falta de ingresos de las familias. Esto es, la pobreza energética es esencialmente un componente de la pobreza general. Ello no quiere decir en absoluto que tenga menos importancia o que deba quedar enmascarada dentro del problema más amplio, por varios motivos. En primer lugar, porque no hay una relación totalmente biunívoca entre los dos problemas: hemos encontrado hogares a los que un gasto energético elevado empuja por debajo del umbral de pobreza y hogares pobres para los que el gasto en energía no es significativo. En segundo lugar porque el acceso a un nivel básico de suministro energético (fundamentalmente, para mantener el hogar caliente en invierno, o para cocinar) puede considerarse un derecho, igual que la educación o el agua, y por tanto merecer un tratamiento específico. Y finalmente, como han advertido importantes economistas académicos desde hace décadas, la racionalidad económica de las familias más pobres no siempre es perfecta y las barreras existentes en este campo son muy abundantes. Por ello, no basta con transferirles dinero para solucionar sus problemas (como hace Alemania), sino dirigir la transferencia hacia el problema específico (sea educación, agua o, en este caso, energía).
Por las tres razones anteriores consideramos que es necesario contar con políticas que actúen sobre este componente de pobreza en los hogares españoles, pero distintas de las que disponemos actualmente. En nuestro informe proponemos un “cheque energético” para los hogares vulnerables, que cubra todos sus consumos energéticos en la vivienda (y no solo la electricidad, que supone el 60% del total). Nótese que no hablamos de una tarifa social, porque estas tarifas basadas en descuentos generan incentivos económicos y ambientales no deseables. Puede conseguirse exactamente lo mismo, pero sin señales erróneas, con una cantidad fija en función del consumo energético básico necesario como ocurre el Reino Unido con su Warm Home Discount.
Nuestra segunda propuesta es priorizar a los hogares vulnerables en las actuaciones de eficiencia energética, de manera que sean ellos los principales beneficiarios de estas medidas. Francia, con su programa Habiter Mieux, es la referencia en este sentido al combinar las actuaciones distributivas en este campo con la formación en cuestiones energéticas. Creemos así que un cheque energético para hogares vulnerables, diseñado y aplicado correctamente, haría innecesarias treguas invernales o prohibiciones de corte de suministro, ya que impediría esa situación.
Evidentemente, para que todo el esquema propuesto funcione adecuadamente hace falta identificar a los hogares vulnerables, algo también pendiente en España. Nuestro estudio, basado en el análisis estadístico de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, señala a las familias numerosas de bajos ingresos (pero no a las de ingresos altos) o a los desempleados como los hogares más vulnerables. Es interesante observar que, en cambio, un bajo consumo energético no necesariamente implica más vulnerabilidad.
Y, finalmente, hay que proveer los fondos para estos programas. En este caso, nuestra propuesta es que procedan de los presupuestos públicos, al igual que otras políticas distributivas de apoyo de rentas. No vemos mucho sentido a que sean los consumidores de energía los que tengan que financiar estas actuaciones en función de su consumo y no en función de su renta, como contribuyentes.
Pedro Linares, José Carlos Romero y Xavier Labandeira son directores de Economics for Energy y respectivamente profesores en Universidad Pontificia Comillas y Universidade de Vigo/European University Institute.