Fuente: El Economista
El Ministerio de Energía ha retirado el derecho a percibir ayudas a 384 instalaciones fotovoltaicas y les ha reclamado las que han cobrado indebidamente -suman 59,8 millones de euros-, por no estar terminadas dentro del plazo que daba derecho a percibirlas. Otras 147 plantas están pendientes de que se pronuncien los tribunales para saber si correrán la misma suerte.
Durante el verano del año 2008 se produjo una desenfrenada carrera de los promotores fotovoltaicos para concluir sus instalaciones antes del 29 de septiembre, fecha límite para percibir las primas marcadas por la legislación del momento. Muchos no llegaron a tiempo, pero sus inacabadas centrales, misteriosamente, se inscribieron en los registros oficiales de las comunidades autónomas como si efectivamente estuvieran terminadas.
Al poco, la desaparecida Comisión Nacional de Energía (CNE) alertó de que 4.189 plantas registradas -el 8,5% del parque- no estaban produciendo energía y saltaron las acusaciones de fraude.
El sector, en su defensa, alegó que las centrales podían estar terminadas, pero sin verter energía al sistema por problemas con las compañías distribuidoras -se produjo un monumental cuello de botella de peticiones de verificación de las conexiones a la red- y que la Ley solo exigía que estuvieran acabadas.
La CNE hizo varias inspecciones que confirmaron las irregularidades y el Ministerio, entonces dirigido por Miguel Sebastián, dos años después de los hechos, promulgó un decreto antifraude con dos medidas clave:
En primer lugar, estableció una amnistía para los arrepentidos, permitiéndoles cobrar primas un 30% más bajas -de 450 euros por MWh a 320 euros por MWh-, a la que se acogieron 907 centrales.
Y en segundo lugar, instauró un complejo mecanismo para identificar a los que no se arrepintieron, exigiendo a los titulares de las plantas que remitieran pruebas de su inocencia: facturas, albaranes, certificados y otros documentos -cientos de miles-, que revisó la CNE.
La investigación ha concluido y el Ministerio está cancelando inscripciones en los registros, retirando las ayudas y ordenando a la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que pida el reintegro de las cantidades cobradas sin derecho. En total, el proceso afecta a 531 instalaciones.