Fuente: Cinco Días
Endesa considera necesario un rediseño profundo del actual bono social de la tarifa eléctrica que, más allá de cómo se financie, esté ligado “a los niveles de renta de los hogares españoles”. De esta manera, según aseguró ayer en la junta de accionistas su consejero delegado, José Bogas, “beneficie a los clientes que de verdad lo necesitan” y no a otros que, aunque cumplan los requisitos legales, “podrían no ser realmente familias en situación de pobreza o vulnerabilidad energética”.
Según la normativa, que el Gobierno del PP no cambió en su amplia reforma eléctrica, tienen derecho a un descuento en la tarifa de acceso los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada; las familias numerosas; las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes cobran la pensión mínima. Aunque los responsables de Endesa no ofrecieron datos sobre el nivel de renta que consideran adecuado, Bogas calculó que unas 200.000 familias “no son realmente capaces de de pagar la factura eléctrica”. En cuanto a los hogares que estarían acogidos al bono social teniendo rentas altas, se estima que ascienden a medio millón: lógicamente, muchas familias numerosas, pero también usuarios con menos de 3 kW de potencia y pensionistas con otras rentas.
Endesa propone la creación de un fondo que garantice el suministro a los usuarios que no puedan pagar y que sean identificados por los servicios sociales de los ayuntamientos”. Parte de este fondo debería destinarse, según la compañía, a mejorar el aislamiento térmico de las viviendas, especialmente las afectadas por pobreza energética, y evitar así el gasto innecesario de energía que luego no se puede pagar.
Sobre los convenios municipales contra la pobreza energética, José Bogas recordó que Endesa es la eléctrica que más ha firmado: 107 a los que pueden adherirse ayuntamientos que representan el 75% de los hogares, el 95% en los territorios donde tiene distribución.
Respecto a la polémica nuclear de Santa María de Garoña, que la eléctrica comparte el 50% con Iberdrola a través de Nuclenor, el presidente de Endesa, Borja Prado, aseguró que si el informe de viabilidad que está ultimando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es favorable a la continuidad de la planta hasta los 60 años (2031), “evaluaremos si es viable financiera y técnicamente”.
Prado añadió que Endesa “no tiene ningún compromiso político”, sino que será una decisión “puramente empresarial”, en alusión a las recientes declaraciones a los sindicatos del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, expresando su decisión de cerrar la planta burgalesa. Sobre la posible deslealtad de unas declaraciones unilaterales, Prado subrayó que “cada uno es como es. Nosotros no lo hemos hecho”.
Representantes de Greenpeace, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Adicae, que intervinieron en la junta, pidieron el cierre de Garoña y las centrales de carbón y criticaron a Endesa por apoyar la nueva regulación de autoconsumo. Borja Prado, respondió que la viabilidad de las centrales de carbón “es responsabilidad del Gobierno” y defendió estas plantas por ser necesarias para garantizar el suministro.